Asociaciones solicitaron la conformación de un Comité de seguimiento de casos de violencia policial e institucional

SALTA.- ( Redacción) Voces Críticas dialogó en exclusiva con Blanca Lezcano, miembro de la asociación HIJOS. El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo y la Fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, recibieron este miércoles a representantes de la Asociación HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y de la Asociación Pensamiento Penal Salta. Las organizaciones presentaron un Registro de Casos de Violencia Institucional durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y la vigencia del Decreto Provincial 255/20 y solicitaron la conformación de un Comité de seguimiento de casos de violencia policial e institucional.

V. C.: Señora Lezcano, estaba leyendo una noticia del Ministerio Público fiscal donde la asociación HIJOS va a trabajar en conjunto con la Asociación Penal y pide un comité de seguimiento hacia la policía de la Provincia producto de los múltiples hechos de violencia institucional, ¿Esto es así?

A. C.: Sí, Asociación Pensamiento Penal. Es un grupo de abogados que está trabajando en el cual está Martín Plaza. Sabemos de la reunión, estoy compartiendo la información. Estamos siguiendo toda esta línea desde la impugnación de inconstitucionalidad que nosotros presentamos en la Corte con la liga de Derechos Humanos y se va a seguir con eso porque se logró un hábeas Corpus colectivo de parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y también se expidió la comisión por la tortura a nivel nacional, acá no pudimos lograr que se constituya porque nos está trabando el Gobierno. Está la ley, los concursos y dos personas elegidas por las organizaciones no gubernamentales. Uno es Rodrigo Solá, que es el director de la maestría de derechos humanos de la UNSA, y la otra es Cristina Cobos; estos son los representantes que hicieron concurso y todo.

V. C.: Blanca Lezcano, ¿Por qué surge la unión entre HIJOS y la Asociación Pensamiento Penal?e

B. L.: Lo que pasa es que esta asociación es un grupo de abogados que está trabajando hace rato pero Martín Plaza trabajó con HIJOS en Córdoba y en Salta, y es el abogado que ha logrado sistematizar todos los casos que hemos ido denunciando desde que se aplica la 255. No agarra todos los casos gatillo fácil sino que desde enero, que empezó la represión a los grupos en Tartagal y a los grupos indígenas, sistematizo todas esas denuncias y llegaron ser veintipico; todos esos casos lo pusieron en un listado y con eso hablaron con la secretaría de derechos humanos y presentaron un recurso de Amparo a la provincia por toda la violencia institucional.

V. C.: ¿Qué dijo la secretaría de Derechos Humanos Mariana Reyes al respecto?

B. L.: A veces le comparto cosas. Cuándo fue la represión de Tartagal a los grupos que estaban asentados en un terreno, entraron a las casas de las comunidades y golpearon a la gente; la llamé a ella, no estaba enterada y sin embargo ella había estado el día anterior en Tartagal dando un curso a la policía. Al comienzo de este Gobierno nos presentamos como organización de Derechos Humanos con Villada y ella estaba presente. Le fuimos planteando qué va a pasar con los Derechos Humanos porque ya había casos de gatillo fácil, desde el Gobierno de Urtubey, con todos los casos de estos chicos que lo mató la policía. El decreto 255, que ha hecho Sáenz, es una barbaridad porque no necesitaba hacer un decreto inconstitucional para hacer el control de la pandemia. Es un decreto que él sabe que es inconstitucional y cuando nosotros presentamos el recurso de inconstitucionalidad la Corte se llamó al silencio, tampoco los diputados dicen nada, están esperando a que se convierta en ley. Ni siquiera los diputados de la oposición se pronunciaron al respecto; si se convierte en ley no se van a animar a derogar la ley porque es enfrentarse con el Gobernador y dejar al descubierto que ha tenido un decreto inconstitucional. Buscan estos recovecos de hablar de los juzgados contravencionales, que es una vieja historia que nunca se concretó. Ojalá lo hagan pero no es una cosa inmediata, buscan esos atajos tanto los propios como los ajenos del Gobernador. Para no enfrentar al gobernador no van a derogar la ley.

V. C.: ¿HIJOS y la Asociación Pensamiento Penal investiga estos casos para elevarlos al Ejecutivo?

B. L.: Mejor dicho es para hacer un seguimiento de los casos. El seguimiento implica seguir la denuncia que hace la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Comité Contra la Tortura de la Nación, todos los organismos internacionales que están intimando al Gobierno diciendo que ese decreto y esa ley es inconstitucional y que se derogue.