2018-08-03

EMERGENCIA COMERCIAL

Buscan que el Concejo Deliberante declare emergencia comercial en la ciudad de Salta

El miércoles próximo se sesionará.

Como pasó con la Cámara de Diputados, el concejal David Leiva ingresó un proyecto al Concejo Deliberante para que se declare la emergencia comercial en la ciudad de Salta por 180 días, teniendo en cuenta los elevados impuestos municipales.

"La idea es evitar las ejecuciones fiscales. Que se frenen las que ya se están iniciando y las que están en proceso. Queremos que se replantee la forma de pago, para que los comercios puedan reorganizarse", declaró el concejal.

El proyecto, que tiene media sanción de Diputados y espera ser tratado en el Senado provincial, está dirigido a las empresas que acrediten inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos y domicilio fiscal constituido en Salta.

Para acceder a los beneficios deberán ser micro y medianas empresas con 24 meses de actividad económica registrada. De convertirse en ley, la Dirección General de Rentas de la Provincia deberá "suspender las ejecuciones fiscales. La emergencia comercial permitirá acceder a exenciones y diferimientos de vencimientos, facilidades de pagos de impuestos provinciales y líneas de crédito a tasas diferenciadas".

El miércoles, el proyecto ingresó al Concejo y pasó a manos de la comisión de Servicios Públicos. Ahora se invitará a algún funcionario de Hacienda de la comuna para que quede clara cuál es la intención de la ordenanza y se fijen parámetros para aplicarla una vez que sea aprobada. 

El miércoles próximo se sesionará con la intención de que se plantee el tema para que tenga preferencia la siguiente sesión.

El vicepresidente del Concejo capitalino señaló que el Gobierno nacional tomó medidas que desalentaron la inversión. "La gente no apuesta a los emprendimientos porque no saben que tan viables pueden ser", afirmó.

Consultado sobre los ambulantes, señaló que la situación está muy difícil, tanto para los comerciantes como para los manteros, que no tienen otra cosa para llevar comida a sus casas.

"El Estado no puede permitir un esquema de ilegalidad; pero tampoco puede desatender las necesidades de las personas", indicó.

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