José Fernando Teseyra: 'El proyecto sobre la baja de la edad de inimputabilidad busca afianzar la justicia”

Voces Críticas entrevistó al abogado, José Fernando Teseyra para ahondar sobre el tema de imputabilidad de menores

V. C.: Se está hablando a nivel nacional sobre la baja de la edad de inimputabilidad que tienen los ciudadanos argentinos, ¿qué postura tiene esto con respecto a la provincia de salta específicamente?

J. T.: El proyecto que se ha mencionado en los medios de prensa, que aún no se conoce el texto definitivo ni de un anteproyecto ni de un proyecto que haya ingresado a la cámara legislativa, no ha trascendido al menos públicamente pero lo único que se conoce por ahora es que se va a bajar la edad de la imputabilidad a los 15 años. En algunos medios vi que se aplicarán algunas sanciones alternativas a la privación de la libertad. Eso sería bueno, porque como única respuesta la privación de la libertad no da resultado, según lo indica la práctica. Yendo a lo que ustedes me preguntan, es un proyecto que está diseñado, que quizá en estos momentos no la tenemos en Salta, que es la delincuencia violenta por parte de personas que no han cumplido 16 años, delito de robo, robo a mano armada, motochorros, entraderas a domicilio con armas, hasta homicidios se ven, y esto tiene una amplia repercusión mediática que podemos ver todos los días en los medios nacionales, y sucede generalmente en localidades del conurbano bonaerense. Por supuesto, el Estado tiene que dar algún tipo de respuesta ante esta situación porque lo que se genera con la legislación hoy vigente es un ámbito de impunidad, y estas personas que todavía no han cumplido 16 años van a quedar indefectiblemente fuera del sistema penal, van a ser declarado inimputables en algún momento, pueden quedar a disposición del Poder Ejecutivo o del Juzgado de Familias de acuerdo a la legislación de cada provincia, pero no reciben una sanción por el hecho. El Estado tiene que dar alguna respuesta. Esa respuesta, para los hechos graves puede ser solamente una sanción penal. No hay otra posibilidad de parte del Estado para restablecer la confianza de la sociedad en la norma. Una persona puede matar sabiendo que al otro día va a quedar en libertad. Entonces en ese sentido el proyecto lo que busca es afianzar la justicia.

V. C.: En este contexto doctor, la mano dura no vendría a implicar en ningún grado en la reducción del porcentaje de violencia que hay en el país

J. T.: Hay que ver cuáles son las causas. Si se detecta que la causa de la violencia es una elección racional del que va a cometer la violencia, y piensa a mí me van a castigar y estas son las probabilidades de que me castiguen, y por otro lado este es el beneficio, el beneficio supera el perjuicio y cometo el delito. Si esa persona tiene un razonamiento de esta manera, incrementando la pena y la eficacia del sistema de ser atrapado descubierto y castigado, puede ayudar a que baje el nivel de criminalidad. El problema es que estos índices de violencia, que gracias a Dios no lo vemos con tanta crudeza, están vinculados con personas adictas a las drogas, al alcohol, con personas excluidas del sistema que quizá no han tenido la posibilidad de educarse, difícilmente llegan a cometer el delito por una decisión racional, llegan por asociación con otras personas, por exclusión de otras formas de vida, por otro motivo que es distinto al del cálculo racional. Entonces el aumento de pena en esos casos no va ayudar a disminuir el índice de criminalidad. 

V. C.: El diputado Kosiner ha indicado qué se debe modernizar el sistema penal juvenil. ¿A qué hace referencia con respecto a esto?

J. T.: Eso es cierto, porque el régimen penal juvenil que tenemos vigente hoy establece la responsabilidad penal de los menores de edad y está vigente desde la década de los 80, siendo sancionada por el gobierno militar, de facto, es decir responde a una realidad totalmente distinta del país. Hablar de los principios de los 80 no es lo mismo que hablar del día de hoy. Está totalmente anacrónica la legislación, no responde a los lineamientos constitucionales, porque nuestra Constitución se reformó en 1994, a más de una década de vigencia de esa norma, no responde a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Responde a un paradigma obsoleto donde el niño era tomado como un objeto, de menor no de niño, donde el juez de menores tenía amplias facultades sobre la persona del menor y podía disponer como le parecía. No existía el sistema de garantías que hoy le reconoce tanto la constitución como la convención internacional al niño como persona y como niño, precisamente, que es una persona que todavía no ha desarrollado toda su potencialidad y que por lo tanto requiere de una protección especial. En ese sentido es cierto que está desactualizado el régimen penal juvenil.

V. C.: ¿Va a afectar a la población y a la población carcelaria si se toma esta medida?

J. T.: No conozco estadística de cuántos delitos cometen personas de 15 años en Salta, porque al día de hoy el límite de inimputabilidad está en 16. Presumo que no va a afectar demasiado tener que traer al sistema algunas personas de 15 años. Lo que es nuestro sistema local yo creo que va a ser muy poca la afectación o casi nada. Hay que ver en otras jurisdicciones, no conozco las estadísticas de otras jurisdicciones.

V. C.: Lógicamente las leyes penales tienen que alcanzar nivel nacional, ¿puede haber diferencias entre provincias?

J. T.: La ley penal de fondo es competencia de la Nación que define cuáles son los delitos y cuáles son las sanciones que corresponden a esos delitos. Sí define que es delito, dentro de los elementos del delito está la inimputabilidad, entonces define la edad de inimputabilidad o la forma de establecer la imputabilidad de las personas. La ley de forma es otra cosa, es el procedimiento penal. Salta tiene su proceso penal juvenil, pero la ley que se aplica de fondo que establece el delito y la sanción en nacional.