Murió la bebé de la nena violada en Tucumán

TUCUMÁN.-Una triste pero anticipada noticia aconteció en las últimas horas: la bebé nacida de la cesárea practicada a la niña tucumana de 11 años, que había sido violada por la pareja de su abuela murió hoy.

Lo informó el Hospital Eva Perón, cuyas directoras fueron denunciadas penalmente junto a ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, por incumplir con el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo y forzar a la niña tucumana a continuar con el embarazo en contra de su voluntad.

"La Dirección Médica del Hospital Eva Perón hace saber que ha fallecido hoy a las 15:30 hs, la paciente de sexo femenino nacida el pasado 26 de febrero de 2019, con 25 semanas de gestación y 660 gramos de peso", anunciaron las autoridades del centro asistencial y precisaron que la muerte ocurrió por una complicación respiratoria grave.

Lucía, la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela, había llegado el 31 de enero al Hospital del Este con un embarazo forzado que rondaba las 20 semanas con voluntad de que se le practicara un aborto legal. La atención le fue negada en ese hospital y se la trasladó al Hospital Eva Perón.

La niña fue observada por una junta de 18 médicos y finalmente el 26 de febrero fue sometida a una cesárea.  La práctica irregular ocurrió en medio de una creciente presión internacional por el incumplimiento del protocolo ILE. "Desplegaron un comportamiento acorde con la acción de abstenerse de ejecutar leyes cuyo cumplimiento les compete de distintas formas", señaló la abogada Soledad Deza, de la organización Mujeres x Mujeres (MxM), a Página 12 tras presentar una denuncia penal contra el personal jerárquico del hospital y del gobierno de Tucumán junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, regional Tucumán) y Católicas por el Derecho a Decidir.

El trato cruel e inhumano que recibió Lucía hasta el día de la cesárea produjo una serie de advertencias de la ONU, la OEA y otros organismos regionalespara que el Gobierno nacional se comprometa con el cumplimiento de los derechos de las mujeres. "La no prestación de determinados servicios a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria, y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos", advirtió ayer la representante del  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) para América del Sur, Birgit Gerstenberg.