Escudero: "Es inconcebible que los jueces que juraron cumplir con la Constitución, se crean con derecho de cambiarla en su propio beneficio"

SALTA.- Voces Críticas dialogó con Sonia Escudero respecto al anuncio de renuncia del doctor Abel Cornejo como ministro de Corte del Poder Judicial.

V. C.:  ¿Qué opinión tiene sobre la renuncia del doctor Abel Cornejo?

S. E.: En primer lugar sorprendió porque era algo que no nos imaginábamos, pensé que puede estar vinculado a esta decisión que lleva adelante el Presidente de la Corte de lograr un fallo que convierta inconstitucional el acuerdo que tienen por 6 años de hacer un acuerdo vitalicio, que sería una grave violación de la Constitución y que convertiría a los jueces que firmen eso en infames traidores de la patria, además de estar en condiciones de causarles juicio político.

Después, analizando un poco más leí el texto de la renuncia y su declaración de que había conversado con el Gobernador, entonces pensé el Gobernador va a poder designar a 3 jueces de la Corte y con la renuncia de Abel Cornejo a 4. Es decir que antes de irse el Gobernador va a nombrar a cuatro ministros de la Corte con lo cual se asegura la mayoría de cuatro sobre 7 miembros. Eso puede haber sido una negociación que llevó a cabo el doctor Abel Cornejo a cambio de alguna otra posición. No me sorprendería verlo de candidato en las elecciones de agosto y octubre.

V. C.: ¿Esto responde entonces a una estrategia política de cara a la presidencia de Juan Manuel Urtubey?

S. E.: Sí, entiendo que puede haber un acuerdo de ese tipo.

V. C.: ¿Qué opinión tiene respecto a la modificación de la ley para tener jueces atornillados a las bancas?

S. E.: Mi opinión es absolutamente contraria, es inconcebible que los jueces que juraron por Dios y por la patria cumplir y hacer cumplir la Constitución se crean con derecho de cambiar la Constitución en su propio beneficio. Eso es algo que no sucede en ninguna parte, la Constitución es la que organiza el poder y los equilibrios de poder. La Constitución de Salta desde 1929 tiene un plazo de 6 años de mandato de los jueces de la Corte, con algunas variantes que se modifica en el año 98, donde pueden ser reelegidos, lo hace mirando el equilibrio de poderes, porque la Corte de Salta tiene potestades extraordinarias políticas que no la tienen los superiores de tribunales de otras provincias y que no tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, la Corte de Salta puede dejar sin efecto una ley aprobada por la legislatura o un decreto del Gobernador. Eso a través de la acción popular de inconstitucionalidad. Esa facultad es ajena a nuestro Sistema Constitucional nacional. Es una potestad que la Constitución de Salta le ha dado a los Jueces de la Corte. Además, a los Jueces de la Corte se le ha dado la potestad electoral. Son los que juzgan la validez de las elecciones. Se les ha dado la administración del Poder Judicial que a nivel nacional no la tienen. A nivel nacional la administración del Poder Judicial corresponde al Consejo de la Magistratura.

 La Corte de Salta tiene potestad para ejercer el poder disciplinario sobre los jueces, esa potestad a nivel nacional está en el Consejo de la Magistratura. La Corte de Salta tiene potestad para proponer leyes a la Legislatura con suficiente pretensión de autoridad. Hay una cantidad de facultades extraordinarias que son netamente políticas que la Corte de Salta tiene y por ser facultades extraordinarias y políticas los constituyentes decidieron que el plazo de mandato sean de 6 años como forma de rendición de cuentas. Lo más grave que pasa hoy en el Poder Judicial de Salta es que los jueces no tienen independencia interna. La Corte tiene tanto poder sobre los jueces que han perdido la independencia necesaria para dictar decisiones imparciales. Esto me parece que habría que considerarlo en la futura Reforma Constitucional.

Creo que en un gobierno que se está yendo, que está terminando un mandato de 12 años, es inconcebible que los jueces estén haciendo este acto de rebelión en contra de la Constitución, colocándose en situación de juicio político y que el Gobernador no sea parte de ese complot.