NO A LA CONTAMINACIÓN
La basura desborda en el vestedero San Javier: piden castigo a los municipales
SALTA.- La basura ya desbordó la capacidad de las trincheras que se están usando en el vertedero San Javier.
Ayer se presentó en el Poder Judicial de Salta una medida cautelar para solicitar multas semanales sobre los patrimonios personales de dos funcionarios municipales, en el marco de un amparo colectivo por contaminación del vertedero San Javier.
La causa contra la Municipalidad de Salta, la empresa Agrotécnica Fueguina y las secretarías de Ambiente y Recursos Hídricos de la Provincia de Salta está a cargo del juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
El abogado Luis Segovia, quien representa a los vecinos denunciantes, pidió que las sanciones se apliquen al secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Gastón Galíndez, y al director general de Servicios Públicos, Normado Zuñiga, hasta que acrediten el fin de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) "sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo San Javier N´ 4", ya sea que se otorgara o se denegara el certificado de aptitud ambiental municipal (CAAM).
El 22 de marzo, la Municipalidad de Salta le informó al juez que realizó la imputación presupuestaria de 25 millones de pesos para la adquisición de la geomembrana, aunque sin definir fecha para la licitación. El municipio había recibido un ultimátum de 10 días hábiles a partir del miércoles 6 de marzo para informar sobre el proceso licitatorio para la compra y colocación de la malla geotextil y sobre los estudios preliminares necesarios para habilitar el módulo IV del San Javier.
En su respuesta al juez, la comuna dijo que "encargó un estudio de prefactibilidad de sitio donde se apliquen criterios geológicos, principalmente hidrogeológicos, geomorfológicos, edáficos y climáticos", para conocer la factibilidad del terreno que se utilizará como relleno sanitario.
Luis Segovia consideró que si bien el 12 de febrero último se hizo una Nota de Pedido para la adquisición de la geomembrana y que así puede darse por iniciado un procedimiento administrativo, "no existe todavía ningún acto administrativo, ni dictamen, que lo califique como un proceso de licitación pública".
"Por lo cual, cuando el secretario Galíndez declaró que en 60 días estaría lista la licitación (esto es, el próximo 13 de abril), cometió un acto impropio a sus deberes de funcionario público, especialmente por faltar a los deberes de colaborar con la Justicia y proveer información pública de calidad", declaró el abogado.