Adrián Krmpotic: "Solicitamos una copia del entendimiento vinculante entre Cannava y Players Network"

SALTA.- Días atrás se presentó el abogado Adrián Krmpotic ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue una serie de irregularidades de la empresa de Gastón Morales. Legisladores de la oposición jujeña rechazaron el proyecto. Voces Críticas habló con Adrián Krmpotic.

V. C.: ¿Qué comentarios puede hacer de la investigación que está llevando a cabo?

A. K.: Nosotros lo que hicimos es solicitar a la Fiscalía Federal N° 9 de la ciudad de Buenos Aires que inicie una investigación preliminar a efectos de dilucidar si las actividades de Cannava son conformes o contrarias a las normativas vigentes para, en vistas a lo que finalmente la fiscalía resuelva, desestimar la investigación preliminar por inexistencia de delito o bien impulsar una acción penal. Es importante señalar las declaraciones testimoniales de Gastón Morales, que es el presidente de Cannava, y la testimonial de Mark Bradley que, aparentemente por la información pública y por lo que se cuenta, sería el CEO de la empresa estadounidense que está en sociedad con Cannava, por las cuales se abocarían a la producción de marihuana en Jujuy.

Básicamente solicitamos que se envíe una copia certificada del entendimiento vinculante entre Cannava Sociedad del Estado y Players Network, empresa estadounidense cuyo contenido no ha tomado estado público. Entendemos que de ahí puede surgir información importante, sobre todo para saber cuáles son los alcances del acuerdo al que llegaron estas dos empresas.

V. C.: ¿Qué establece la normativa vigente con respecto a drogas?

A. K.: La ley de drogas de nuestro país es del año 1984, es la Ley 23737. En ese año se hizo la ley a medida para la cuestión de la marihuana, hace hincapié en la tenencia de semillas, sembrados y claramente está hablando de marihuana y de ninguna otra droga, sin embargo desde el 84 hasta la fecha cambiaron muchas cosas. Sobre todo a partir del 2017 donde se sanciona la Ley 27350 que vendría a abrir el camino para la producción de carácter experimental del cannabis a efectos de su aplicación en el marco terapéutico y medicinal. Eso indudablemente haría plantear el modo de la aplicación de la ley de drogas. La Ley 27350 lo único que hace es establecer quiénes serían aquellos sujetos respecto de los cuales el Estado deposita la tarea de cultivos con fines experimentales, los únicos dos actores que están eximidos de responsabilidad penal por llevar adelante esta actividad son el Conicet y el INTA, fuera del Conicet y el INTA la ley no ampara a nadie más; sin embargo creo que eso se va a ir flexibilizando con el paso del tiempo.

V. C.: ¿Ninguno de estos organismos están incluidos en la ley lanzada en la provincia de Jujuy?

A. K.: No, y por lo que pude ver no se manejan con información pública. Al momento en que ellos hacen la presentación para tener las autorizaciones del Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Nación tuvieron que recurrir a obtener una suerte de certificación de un informe por parte del INTA para tratar de burlar las prescripciones legales. Pero fuera de eso, el INTA no ha tenido ninguna participación.

V. C.: ¿Lo que hace la provincia de Jujuy es un delito?

K.: Sí, la ley de cultivo experimental del cannabis en ningún caso contempla la posibilidad que la producción sea con fines de comercialización, ni siquiera aunque tenga fines medicinales. Cuando la provincia de Jujuy sanciona la Ley 6022 de adhesión a la 27350, hasta ese momento es un calco de la ley nacional, pero cuando la reglamentan, altera el espíritu de la ley y altera los contenidos de su articulado, y ahí es donde introduce la posibilidad de que el cultivo sea con fines de comercialización y también habilita la posibilidad de importar y exportar cannabis y derivados.

En mi opinión, la Legislatura jujeña se ha excedido por mucho de sus facultades y ha pretendido tener facultades que incluso alcanzan la modificación del Código Penal. En este aspecto esto es alarmante porque han participado los tres poderes del Estado, el Ejecutivo jujeño que fue quien envió la ley, el Poder Legislativo de Jujuy que sancionó la ley y el Poder Judicial de Jujuy, cuyo fiscal de Estado recibió una copia de la reglamentación tanto de la 6022 como de la aprobación de los estatutos de cannabis y nada dijo. Si a eso le sumamos la actividad del Ministerio de Seguridad de la Nación, que habilita una finca como El Pongo de 14.000 hectáreas para el cultivo del cannabis a una persona jurídica que no está habilitada por la ley, sumada la resolución 361 de este año del Ministerio de Salud dando autorizaciones del sembrado de 35 hectáreas en la finca El Pongo, esto es un escándalo.

V. C.: ¿Nada de esto se podría haber llevado a cabo sin la aprobación del Ministerio de Justicia?

A. K.: Desde luego. Estaremos atentos a ver que se resuelve. Si la fiscalía resolviera desestimar esta denuncia y considerar lícito el objeto social de Cannava y por tanto irreprochable la actividad, habría que preguntarse qué pasa con las miles de personas que están detenidas en este momento por realizar actividades exactamente idénticas a las que Cannava tiene en su objeto social. Por otro lado si el objeto social de Cannava resulta ser ilícito, lo único que cabe es que el Congreso de la Nación se aboque a disponer intervención provincial a los tres poderes, no hay otra manera.