Facturas apócrifas: confirman el desdoblamiento de la causa

SALTA.- (Redacción Voces Críticas) En el marco de la causa que se sigue por hechos de corrupción en la gestión anterior de la Municipalidad de Salta y en una prestadora de la Provincia, la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión del juez federal Julio Bavio, quien dispuso que parte de las mismas sean investigadas por la Justicia provincial.

Según consignó Página 12 Salta, el pasado 9 de mayo Bavio rechazó parcialmente su competencia en favor de la Justicia de Salta. En la causa se investigan maniobras ilícitas tendientes por un lado a evadir impuestos, y por el otro a cobrar por trabajos no concretados, actos en perjuicio de la Municipalidad de Salta y la empresa Aguas del Norte.

De esta manera, el juez de primera instancia estableció que “competen a la Justicia federal los presuntos delitos en infracción a la ley penal tributaria en perjuicio del erario público nacional" y serán de la órbita de la Justicia provincial los supuestos delitos de fraude a la administración pública en desmedro de las arcas de la municipalidad de la ciudad de Salta y de la provincia de Salta, en los que también se habrían cometido los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, violación de los deberes de funcionario público”.

Cabe mencionar que el 2 de junio de 2019 Bavio expidió a la Justicia provincial las actuaciones referidas al fraude a la administración pública para que prosiguiera la investigación. No obstante, en este ámbito se decidió, de manera extraordinaria, cancelar todo trámite hasta que Casación resolviera los recursos en contra del desdoblamiento de la causa. Ahora, ya con la decisión del máximo tribunal penal de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de Salta tendrá que avanzar en la investigación.

Dichas actuaciones partieron de una investigación de la AFIP, organismo que denunció haber advertido que la firma SECSA, que "tuvo como único cliente a la Municipalidad de la ciudad de Salta (...), facturó altas sumas de dinero sin contar con la capacidad operativa para cumplir con la construcción, venta y prestación del servicio de fabricación y colocación de farolas".

Por su parte, la fiscalía  y la AFIP, que es querellante en este proceso, recurrieron a Casación para apelar la resolución de Bavio. Sin embargo, el pedido fue denegado dado que "no cumplían con los requisitos previstos para este trámite".