Continúa el escándalo por los gastos en la Casa Real perjudicando más a Felipe VI

Aunque intenta ser transparente, la polémica no deja de perseguirlo. Felipe VI nuevamente está en el ojo de la opinión pública por los gastos en la Casa Real española. Muchos ciudadanos se sigue quejando en las redes sociales por los número que reporta la monarquía. Es un escándalo el cobro por los honorarios de la fotógrafa Estela de Castro, quien tomó imágenes oficiales al rey, a su esposa Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Recibió 31.157 euros por las gráficas. Esa información trasciende en momentos tan delicados, por las denuncias de corrupción contra el emérito Juan Carlos I. 

En esos números de 2019 también se destaca que el jefe de Estado de España actualizó el sistema tecnológico de la Casa Real y modificó su WiFi. Pagó por ese servicio 71.869,58 euros. Además, facturó 10.347,41 euros en un sistema desktop central y 19.057,52 euros en un servicio web para leer y transcribir textos. Otra polémica se suscitó porque la Casa Real contrató a Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos sus servicios:  gastó más de 30 mil euros por envíos de tarjetas y correspondencia.

Los contribuyentes se quejan porque deben subsidiar la vida de lujos a los reyes. Y con la grave crisis económica que deja el coronavirus, esos reclamos se hacen más sensibles. Al hijo de la reina Sofía le reclaman mano dura ante las irregularidades de su padre. Sin embargo, reguló los regalos que puedan recibir los miembros de la familia real. Solo tenía seis meses en el trono. Lo hizo porque conoce bien a su progenitor. Esa decisión implica su esposa, sus padres y sus dos hijas, y a él también.

No deben aceptar "regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones". Juan Carlos habría recibido 100 millones de euros de comisiones de un rey árabe, y ese hecho es investigado por autoridades de Suiza. Felipe VI fijó vetar también aquellos que, por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas.

Del mismo modo, no podrían aceptar préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado, ni regalos de dinero. En este último caso, deberían devolverlo o donarlo a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general. El esposo de Letizia Ortiz hizo que esta norma entrara en vigor el 1 de enero de 2015. Formaba parte de un conjunto de medidas con las que Felipe VI quería poner en práctica su promesa de encarnar una monarquía renovada.