La trama del conflicto con el intendente de Aguaray ¿Política Ambiental convertida en una mediática puesta circerse?

SALTA (Por Gonzalo Cisneros) Evidentemente, el ejercicio de la función pública no es pasivo ni carente de riesgos, sobre todo cuando quien está al frente de una administración asume conductas alineadas con el compromiso que entraña su función, tal es por ejemplo, defender el medio ambiente. 

Porque el hábitat no sólo es el lugar de origen sino el establecimiento donde radica la historia de un pueblo y de su cuidado depende el desarrollo integral de la comunidad. Sin un medio ambiente saludable no hay comunidad sustentable; de hecho,  la política debiera tener un planteo  ecológico porque cuidar lo ambiental es pensar en una política social.

Sobre este criterio que muy pocos políticos tienen o entienden, en particular los intendentes, es que el intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, se animó a llevar adelante una mega tarea, la de proceder sobre estructuras que amenazaban abandono y consecuentemente un daño ambiental de alto impacto, levantando los caños desatendidos en el tramo del gasoducto del NEA.

Hoy, el intendente de Aguaray ha cobrado fama por el supuesto hecho que se agita en los medios y es de conocimiento público, sin que nadie haya reparado en cuáles fueron las razones que motivaron que Prado permitiera el levantamiento de los caños objeto del conflicto. 

Porque sea dicho claramente, todo el polvo levantado obra sobre las consecuencias y no sobre lo que fue una decisión política que buscaba favorecer el patrimonio ambiental de los vecinos de la zona.  Porque no se trata sólo de material abandonado sino de las consecuencias que ello provoca en el medio ambiente. 

Un gasoducto, sin bien es una obra de alto desarrollo para los pueblos que se hallan en su traza, también arrastra potenciales riesgos para el público como los posibles accidentes devinientes de alguna falla. 

Pero si en funcionamiento entrañan peligro no menos ocurre cuando estas obras se abandonan y comienzan su accionar los agentes climáticos y los propios de las estructuras como la corrosión y los defectos de los materiales.

Un gasoducto como el del conflicto genera impacto en la fauna local por el ruido de las máquinas y la degradación del material expuesto a la. Tampoco nadie ha reparado en el daño cultural, la colonización de la tierra por materiales corrosivos con la consecuente pérdida de hábitat, la erosión y escurrimiento de óxido y por supuesto, la pérdida del uso de esa tierra que se vuelve improductiva. 

Sin duda que las consecuencias son bastantes más y exceden al espacio de una nota, pero cabe luego de este breve paneo decir que frente al abandono de las obras del Gasoducto del NEA, levantar los caños y el material residual ha sido una medida política que se endereza con los criterios de Naciones Unidas en materia de ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable), contenidos en la Agenda 2030 sobre Medio Ambiente, teniendo en cuenta que el pasivo ambiental, está contemplado en la Ley de Buenos Aires, 14343 y que se refiere a todo aquello que genera un daño ambiental o que fue abandonado (por mas de dos años), sin ningún tratamiento de remediación.

Una recorrida por los portales dará referencia de que esta obra viene argumentando problemas desde años antes a la asunción de Prado en la intendencia de Aguaray, y que a la fecha no parecía tener un destino de pronta resolución de donde –reiteramos- ese abandono provenía en un perjuicio ambiental del municipio. 

Así fue que con fecha 23/12/2019, Prado firmó la Resolución Nro. 1215/019 por la cual en orden a la solicitud de la empresa OSYP S.A., le otorgaba de la desafectación “del material resultante”, todo en conjunción con el criterio de cuidado del medio ambiente como lo expresa el citado documento:   “Preservar y conservar el medio ambiente y los ecosistemas del Municipio” y fomento de “… políticas de preservación y defensa del medio ambiente”. Hasta allí correcto. 

Desde el punto de vista de los procedimientos administrativos actuantes el intendente Prado ejecutó un acto político en materia de medio ambiente sin que pueda advertirse que haya interés alguno en el destino final del material levantado, ya que la jurisdicción política y administrativa alcanza obviamente hasta el límite del municipio de Aguaray. 

El camino seguido por el material retirado es evidente que resulta ajeno en su situación al municipio de Aguaray y a su intendente, ya que por las estructura necesaria para desmontar y trasladar los caños en cuestión resulta necesaria una logística que no existe en la localidad. Sobre el destino final y en caso de haber existido dolo en las actuaciones debe ser la Justicia quien determine responsabilidades y en su caso penas. Mientras tanto eso no ocurra, todo cae en el terreno de una operación mediática de indudable tono político. 

 Queda pendiente, obviamente, profundizar en los ribetes políticos y económicos, sus verdaderos interesados y los supuestos destinatarios con sensacionalismo ha llamado “meganegocio”, veremos que sucede y esta historia continuará........