Pettovello en problemas
Escándalo de los alimentos retenidos: el Gobierno incumplió la orden de la Justicia para distribuir la comida
ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El operativo de distribución de los alimentos retenidos, iniciado ayer por el Ministerio de Capital Humano, no cuenta con el respaldo del Poder Judicial. Según fuentes judiciales, la cartera a cargo de Sandra Pettovello no cumplió con el plazo de 72 horas otorgado por el juez Sebastián Casanello para presentar un plan de distribución.
El juez Casanello, junto con la fiscal Paloma Ochoa, investiga el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por la omisión en la distribución de los alimentos, una situación que se complicó aún más al no recibir el plan solicitado dentro del plazo establecido.
El pasado lunes, el juez Casanello ordenó mediante una medida precautoria la distribución de alimentos destinados a comedores sociales y otorgó 72 horas al Ministerio de Capital Humano para elaborar y presentar un plan detallado para el reparto. Al no cumplir con este requisito, los funcionarios de Pettovello se enfrentan a posibles cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La decisión del Ministerio de iniciar el operativo de distribución de los alimentos retenidos sin la presentación del plan requerido ha sido informada a la Cámara Federal. La omisión de seguir las instrucciones judiciales podría agravar las acusaciones de incumplimiento, ya que implica un desdoblamiento del delito por no acatar una orden judicial.
A pesar de que el gobierno apeló el fallo del juez Casanello y este concedió el recurso, los plazos judiciales no se suspendieron. El incumplimiento del plazo asignado pone en duda la legalidad del operativo de distribución llevado a cabo por el Ministerio de Capital Humano.
El operativo de distribución de los alimentos, comprados por el gobierno anterior y almacenados en dos depósitos, se realizó sin el aval del Poder Judicial. Esta acción unilateral y sin la correspondiente planificación requerida por la Justicia podría tener consecuencias legales para los responsables del ministerio.
El juzgado ha informado a la Cámara Federal sobre la situación, lo que abre la posibilidad de que se considere un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La falta de un plan detallado y el no acatamiento de la orden judicial sitúan al Ministerio de Capital Humano en una posición comprometida ante la Justicia. Informa Voces Críticas.