Carmelitas descalzas del Convento San Bernardo: una jueza ordenó que María Livia se abstenga de ejercer violencia de género

SALTA (Redacción Voces Críticas) El Juzgado de Garantías N°5 de Salta ha tomado medidas preventivas contra varios implicados tras una denuncia de violencia y manipulación dentro del Convento San Bernardo. La acción judicial, bajo la supervisión de la jueza Ada Zunino, afecta a María Livia Galiano de Obeid, su esposo Carlos Daniel Obeid, su abogado José Viola, y las monjas de la comunidad religiosa.

Esta medida surge luego de la impactante carta pública de la monja María de San José, quien abandonó el Carmelo denunciando años de abusos y maltratos. La monja relató su experiencia de 32 años en reclusión, describiendo un cambio drástico en la vida del monasterio tras el fallecimiento de la priora en 2014.

Según su testimonio, María Livia, autoproclamada vidente de la Virgen María, comenzó a influir en las decisiones internas del convento basada en supuestos mensajes divinos.

Desde el allanamiento policial motivado por una denuncia de privación ilegítima de la libertad, la situación ha escalado, llevando a la jueza Ada Zunino a emitir medidas precautorias. Estas ordenan a los implicados abstenerse de cualquier forma de violencia contra las monjas que han dejado el Convento San Bernardo.

María Livia Galiano de Obeid ha sido una figura polémica en la comunidad de Tres Cerritos, donde miles de fieles acuden a sus celebraciones en una ermita no oficialmente reconocida por la Iglesia. Aunque su devoción alega comunicación divina, las autoridades eclesiásticas han mantenido un distanciamiento oficial y han enfatizado el cumplimiento estricto de las normas monásticas.

Este nuevo capítulo judicial se suma a otras controversias anteriores, incluyendo denuncias de violencia de género y económica presentadas por las monjas contra el arzobispo de Salta y otros religiosos en abril de 2022. Estas acusaciones llevaron a la jueza Carolina Cáceres Moreno, especializada en Violencia Familiar y de Género, a ordenar medidas de restricción y capacitaciones en género para los acusados. Informa Voces Críticas.