Máxima tensión en la frontera de Chuschal: productores cañeros de Bolivia usurpan territorio argentino

SALTA (Redacción Voces Críticas) La situación en Chuschal, un área cercana a la frontera argentina con Bolivia, es alarmante. En una franja de 86 kilómetros, se evidencia una violación abierta de la soberanía nacional en la banda del río Grande de Tarija. Productores cañeros bolivianos están llevando a cabo usurpaciones, desmontes y atropellos contra las comunidades originarias que habitan en las serranías del municipio de General Mosconi.

El impacto de estas invasiones en la frontera es devastador. En el departamento San Martín, intrusos han desmontado aproximadamente 2.500 hectáreas de selva pedemontana, afectando a cerca de un centenar de familias de la etnia aba guaraní. Estas comunidades que sufren la intimidación de armados y la obstrucción de su acceso a recursos esenciales, viven en un estado de indefensa ante la falta de intervención estatal.

La avanzada sobre las tierras argentinas comenzó hace tres décadas. Esto facilitó el contrabando de alrededor de 150.000 toneladas de caña de azúcar hacia Bolivia. Los camiones que transportan este producto cruzan el río Grande en épocas de estiaje, aprovechando los tramos de poca profundidad.

En medio de esta crisis en la frontera, la presencia de las fuerzas de seguridad argentinas es prácticamente inexistente. En contraste, la Policía Marítima de Bolivia ha intervenido en varias ocasiones en tierras argentinas, apoyando a los usurpadores. Esta situación ha generado un clima de tensión, donde miembros de las comunidades aba guaraní, reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), han sido amenazados por las fuerzas bolivianas.

Mientras algunas empresas, como Estancia Volcán SA, han elevado denuncias sin obtener respuestas concretas, se hace urgente que la Comisión Nacional de Límites y la Cancillería argentina colaboren con el gobierno boliviano para esclarecer la situación fronteriza. Es vital abordar esta problemática con un enfoque que incluya a las comunidades afectadas, garantizando así la protección de sus derechos y territorios. Informa Voces Críticas.