|AHORA| Piden revocar la prisión domiciliaria a Carlos "Conejo" Martínez, ex intendente de Aguas Blancas

SALTA (Redacción Voces Críticas) El arresto domiciliario del exintendente de Aguas Blancas, Carlos "Conejo" Martínez, y su abogado Roberto Ortega Serrano será objeto de apelación por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF), que considera insuficientes los fundamentos de la decisión judicial. La Unidad Fiscal interviniente presentará un recurso de apelación ante el Juzgado de Garantías de Orán, cuyo titular, el juez Raúl Fernando López, otorgó a ambos imputados el beneficio del arresto domiciliario, rechazando así la prisión preventiva solicitada por el MPF.

El recurso busca revisar los argumentos expuestos por el magistrado, quien justificó la concesión del arresto domiciliario del intendente de Aguas Blancas basándose en la falta de indicios de riesgo de fuga. Sin embargo, desde el MPF se sostiene que la decisión no solo resulta insuficiente, sino que además se omitió la implementación de medidas de control más rigurosas, como el monitoreo electrónico.

La preocupación principal de la Fiscalía radica en el posible entorpecimiento del proceso judicial, ya que se acusa a ambos de haber filtrado información confidencial sobre los allanamientos planeados en el marco de la investigación del homicidio de César "Oreja" Martínez, un crimen relacionado con el sicariato.

El MPF argumenta que la divulgación de estos datos comprometió gravemente la investigación, permitiendo que los sospechosos fueran alertados antes de la ejecución de las medidas judiciales, lo que frustró el objetivo de las mismas. Este hecho, según los fiscales, genera un precedente peligroso que podría repetirse si no se toma una medida más estricta contra Carlos “Conejo” Martínez, como la prisión preventiva.

Además del riesgo de entorpecer la investigación, el MPF también destacó la proximidad de Aguas Blancas con la frontera, lo que incrementa la posibilidad de fuga, especialmente en una región donde las fuerzas de seguridad provincial enfrentan sobrecarga de trabajo. Tampoco se habría valorado adecuadamente el estado de conmoción social en Orán, producto de los hechos investigados, un factor que, según la Constitución Provincial, debe ser considerado en este tipo de decisiones judiciales.

De esta manera, el Ministerio Público Fiscal insiste en que la resolución del juez López no solo carece de los fundamentos necesarios, sino que también pone en riesgo la continuidad y eficacia de la investigación en curso, así como la estabilidad social en la región afectada. Informa Voces Críticas.