Robo de rieles en el norte salteño: avanza la causa contra el hijo del intendente Atta Gerala

SALTA (Redacción Voces Críticas) En un complejo entramado de crimen organizado, la justicia federal ha imputado a José Miguel Gerala, hijo del intendente Atta Gerala, y al comerciante David Edilberto Medina por el robo y contrabando de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas hacia Bolivia. La investigación, liderada por el fiscal general Eduardo Villalba, apunta a una red que se beneficiaba de la connivencia de ciertos miembros de las fuerzas de seguridad y de la influencia política local, lo cual permitía la extracción y traslado ilícito del material ferroviario a través de pasos fronterizos no habilitados.

El proceso comenzó con una denuncia realizada en agosto de 2023 por personal del Correo Argentino que detectó la circulación sospechosa de cubiertas de origen extranjero, presuntamente relacionadas con la firma "Distribuidora Norte Agro Gomas" y su representante, Medina. La sospecha inicial llevó a una investigación más amplia, que involucró allanamientos y el rastreo de llamadas, donde se revelaron comunicaciones comprometedoras. En estas conversaciones, Medina coordinaba el transporte de rieles con el hijo de Gerala, quien se apoyaba en trabajadores locales para la extracción de los materiales en zonas despobladas.

Las pruebas recolectadas por la fiscalía incluyen intervenciones telefónicas que evidencian la participación de José Miguel Gerala, alias "Yopi", quien no solo organizaba el saqueo de los rieles sino que también asumía el transporte de los mismos hasta un almacén en Orán, desde donde Medina gestionaba su venta.

La recolección de material incluía el uso de maquinaria y la colaboración de comunidades aborígenes, a quienes se les proveía de herramientas para facilitar la extracción. Según el fiscal Villalba, el poder político de la familia de Atta Gerala en la región del chaco salteño habría jugado un rol crucial, influyendo sobre estas comunidades.

El caso se agrava debido a la supuesta complicidad de algunos agentes de la Gendarmería Nacional, quienes facilitaban el paso de camiones con el material robado hacia zonas fronterizas. Villalba no descartó la participación de otras personas en esta red delictiva, y afirmó que la estructura de poder detrás de este saqueo refleja un esquema de corrupción comparable a un caso anterior de robo de caños de un gasoducto en la misma región, en 2020.

Por el momento, el juez Gustavo Montoya ha aceptado la imputación y dictó prisión preventiva de 60 días para Gerala y Medina, considerando el riesgo de fuga y el potencial entorpecimiento de la investigación. La sentencia alude a la gravedad de los delitos de robo y contrabando, cuya penalidad podría llevar a penas de hasta 15 años de prisión, y al daño ocasionado al Estado Nacional, que aún evalúa los recursos necesarios para recuperar los rieles extraídos.

Este caso expone un esquema complejo que, de acuerdo con la fiscalía, no solo se benefició del silencio impuesto en las comunidades locales, sino también de la posible tolerancia por parte de estructuras estatales que, en lugar de preservar el patrimonio nacional, parecen haber facilitado su pérdida. Informa Voces Críticas.