Docentes de la ADP exigen justicia tras millonarias pérdidas en la estafa del programa de viviendas

SALTA (Redacción Voces Críticas) En un juicio que expone las irregularidades en la Asociación Docente Provincial (ADP), más de 29 docentes damnificados exigen justicia tras denunciar millonarias pérdidas en un programa de viviendas promovido por la organización. Los acusados, entre ellos Patricia Argañaraz, ex secretaria general de la organización, y Ana María Cerezo, ex tesorera, enfrentan cargos por administración fraudulenta y estafas reiteradas.

Durante la cuarta audiencia, los afectados por la estafa de la ADP compartieron desgarradores testimonios sobre las promesas incumplidas del fideicomiso "Virgen de Urkupiña", una iniciativa que debía facilitarles el acceso a una vivienda propia. Los denunciantes relataron cómo, tras realizar cuantiosos aportes, quedaron en una situación de desprotección económica, mientras el programa se disolvía sin respuestas concretas.

La audiencia, que se extenderá hasta el 27 de noviembre, sigue bajo la supervisión del juez José Luis Riera, quien busca determinar la responsabilidad y la posible condena de los implicados.

Entre los testimonios más impactantes se encuentra el de Osvaldo Aparicio, un docente que invirtió junto a su esposa $600 mil en un terreno y vivienda en San Luis, con la promesa de obtener el inmueble en un plazo de dos años. A ocho años de aquella inversión, asegura no haber recibido ningún tipo de compensación ni el bien prometido. Su caso refleja el sentimiento de traición compartido entre los damnificados, quienes confiaron en el programa de la ADP como una oportunidad legítima de mejorar sus condiciones de vida.

Elida Hoyos, otra docente afectada, explicó que invirtió en el proyecto pensando en el bienestar de su familia y atraída por la publicidad oficial de la ADP, que aseguraba la viabilidad del programa. Sin embargo, con el tiempo, vio cómo su esfuerzo se diluía y cómo la administración de la organización docente no ofrecía soluciones a los aportantes. La pandemia de COVID-19 fue utilizada como justificación para la suspensión de las actividades del fideicomiso, dejando a los docentes sin ninguna compensación económica.

El abogado de la mayoría de los docentes damnificados, Agustín Solá Garrido, ha sostenido que la Fiscalía cuenta con elementos probatorios suficientes para obtener una condena contra los responsables de la ADP. Según el abogado, los ex dirigentes aprovecharon la confianza de los docentes, presentando el programa de viviendas como una vía accesible para conseguir una casa propia. Sin embargo, la falta de transparencia y la mala administración llevaron a los participantes a enfrentar una grave crisis económica.

El caso ha generado indignación en el ámbito docente y en la sociedad en general, ya que se trata de un proyecto de una institución de larga trayectoria y con una base de afiliados que, en muchos casos, lleva años de relación con la ADP. La demanda de los damnificados es clara: reparación económica y justicia para quienes vieron sus sueños truncados. El proceso judicial avanza mientras la comunidad educativa observa expectante, esperando una resolución que restablezca la confianza y garantice que los responsables asuman las consecuencias de sus actos. Informa Voces Críticas.