Polémica por un supuesto boliche clandestino en edificio vinculado a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Gobierno Nacional presentó una denuncia penal contra la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, alegando que un inmueble cedido por el Estado en 2018 para fines educativos habría sido utilizado para actividades no autorizadas, incluido el funcionamiento de un boliche clandestino. La acusación fue formalizada por el Ministerio de Justicia y respaldada con imágenes obtenidas durante un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina.

El inmueble donado a la UNMa en cuestión, ubicado en avenida Rivadavia al 2700, habría sido adaptado para actividades completamente ajenas a su destino original. Según el Gobierno, se detectaron instalaciones como barras para la venta de bebidas alcohólicas, parlantes y luces propias de un establecimiento bailable. Además, en otros sectores del edificio se encontraron espacios ocupados por organizaciones políticas y sociales, así como una vivienda particular y una radio que emitía por AM 740.

La denuncia se basa en supuestas irregularidades tipificadas como malversación de caudales públicos, argumentando que el uso del edificio contravino los fines establecidos al momento de su cesión por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Respuesta de la Universidad

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la Universidad de Madres de Plaza de Mayo negó las acusaciones, afirmando que el inmueble no forma parte de su comunidad académica desde 2019 y que nunca fue transferido formalmente a su gestión. Asimismo, la institución denunció que estas acusaciones forman parte de un ataque sistemático en su contra y reclamó al Ejecutivo la asignación de recursos presupuestarios pendientes.

Por su parte, desde sectores vinculados a la Secretaría de Derechos Humanos se desmintió la versión oficial, asegurando que, desde 2021, el edificio albergaba un centro de atención para migrantes y refugiados en situación de vulnerabilidad, proyecto desarrollado en conjunto con organismos internacionales como ACNUR y la OIM.

El caso ha generado un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y sectores sociales y políticos, que denuncian intencionalidad política detrás de las acusaciones. Mientras tanto, la investigación judicial deberá determinar las responsabilidades sobre el uso del inmueble y esclarecer las denuncias de irregularidades. Informa Voces Críticas.