Estafas en la ADP: Patricia Argañaraz, cada vez más cerca de la cárcel tras el pedido de fiscalía

SALTA (Redacción Voces Críticas) La Fiscalía Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos solicitó una condena de siete años de prisión para Patricia del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo, exsecretaria general y extesorera de la Asociación Docente Provincial (ADP), respectivamente. Ambas fueron acusadas de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas en perjuicio del gremio docente, sumado a una solicitud de diez años de inhabilitación para ejercer cargos electivos en la institución.

Durante el juicio, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio expuso pruebas que, según consideró, demuestran la participación de las acusadas en el desvío de fondos de la ADP. Según la investigación, Argañaraz y Cerezo habrían utilizado facturas y documentos falsificados para justificar gastos ficticios, desviando dinero hacia fines personales.

Además, se las acusó de engañar a docentes mediante contratos vinculados al Fideicomiso «Virgen de Urkupiña», un proyecto que prometía viviendas a cambio de pagos iniciales y cuotas mensuales que nunca se materializaron en los beneficios ofrecidos.

La fiscal también incluyó en su pedido de condena a Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, a quienes señaló como partícipes necesarios de los mismos delitos perpetrados en la ADP. Para ellos, solicitó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

El caso de la ADP generó un fuerte impacto entre los afiliados y el sector docente, ya que los delitos habrían sido cometidos bajo la administración de un gremio que debía representar los intereses de los trabajadores de la educación. El desvío de fondos y las estafas asociadas con el fideicomiso afectaron a numerosos docentes que confiaron en los proyectos propuestos por la gestión sindical.

El juez José Luis Riera, de la Sala 6 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, deberá decidir si acepta el pedido de la Fiscalía y dicta sentencia en este caso, que pone en cuestión la transparencia y la ética en la gestión de los fondos de organizaciones gremiales. La resolución marcará un precedente para casos similares en el ámbito sindical. Informa Voces Críticas.