El Clan Castedo bajo la mira: crecen las alarmas sobre dos fincas ubicadas cerca de la frontera

SALTA (Redacción Voces Críticas) Dos extensas fincas ubicadas en el departamento San Martín, cerca de la frontera con Bolivia, están siendo inspeccionadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Las propiedades, denominadas "El Aybal" y "El Pajeal", fueron decomisadas al denominado "Clan Castedo", una organización delictiva vinculada al narcotráfico y al lavado de activos.

El operativo, que se extenderá hasta este jueves, es realizado en colaboración con organismos nacionales y provinciales, incluyendo Gendarmería Nacional y Policía Federal. Estas inspecciones relacionadas al grupo delictivo son clave para garantizar una correcta administración de los bienes y prevenir riesgos como ocupaciones ilegales o pérdidas de valor.

Con una extensión conjunta de aproximadamente 23.000 hectáreas, estas fincas fueron utilizadas por el clan para establecer un paso fronterizo clandestino, facilitando el contrabando de drogas desde Bolivia hacia Argentina. Esta actividad ilegal se desarrolló durante años gracias al control territorial que la organización mantenía en la región.

En diciembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a los principales miembros del Clan Castedo, incluidos Delfín y Raúl Castedo, líderes de la organización, y varios colaboradores, entre ellos un exdiputado provincial que utilizó su influencia política para facilitar las operaciones delictivas.

Siguiendo las disposiciones legales, las fincas serán destinadas a fines sociales y de interés público. Se busca que estas propiedades, en lugar de quedar inactivas, sean utilizadas para programas que beneficien a las comunidades vulnerables del norte de Salta. Entre las iniciativas previstas se destacan proyectos relacionados con la salud y la capacitación laboral.

La medida también responde a la necesidad de gestionar los recursos públicos de manera integrada y racional. Según las autoridades, la conservación de bienes en estado de abandono genera riesgos de seguridad y perjuicios sociales, por lo que su aprovechamiento debe alinearse con el bien común.

Con este operativo, el Estado reafirma su compromiso de combatir el narcotráfico y sus efectos, transformando bienes provenientes de actividades ilícitas en herramientas para el desarrollo y el beneficio de las comunidades afectadas. Informa Voces Críticas.