Convocan a un plenario para debatir la baja de la edad de imputabilidad: el PRO y LLA toman la iniciativa

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El impacto causado por el asesinato de la niña Kim Gómez en ciudad bonaerense de La Plata generó la puesta en agenda de un debate que parecía estar en las penumbras: la baja de la ley de imputabilidad. El Gobierno, por iniciativa del presidente Javier Milei, convocará a un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados el miércoles 12 de marzo para debatir un nuevo régimen penal juvenil. La principal propuesta es bajarla a 13 años, aunque el tema genera divisiones y dificulta llegar a un consenso en un solo proyecto.

“La reforma del régimen penal juvenil no se trata solo de bajar la edad de imputabilidad”, advirtió Laura Rodríguez Machado, referente del PRO y presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Para la legisladora es clave avanzar en una normativa que garantice que "quienes cometan crímenes de adultos, enfrenten las consecuencias como adultos".

No obstante, la discusión no se limita a definir una edad mínima de responsabilidad penal. También se deben establecer qué delitos serán punibles, qué tipo de sanciones corresponderán según la gravedad del hecho, en qué casos podría aplicarse la internación y qué penas alternativas serían viables. Además, el debate incluye medidas para la reinserción social y la prevención de la reincidencia en jóvenes delincuentes.

El Congreso refleja la complejidad del tema: el debate atraviesa cuatro comisiones—Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto— e involucra a 113 diputados, casi la mitad de la Cámara. “Ni siquiera la Ley Bases tuvo una convocatoria tan amplia”, resaltó Rodríguez Machado. El proyecto del Gobierno, presentado en julio pasado, propone un esquema de penas progresivas. Para delitos con condenas de entre tres y seis años de prisión, sin homicidio ni violencia extrema, se contemplan sanciones alternativas como amonestaciones, restricciones de contacto con la víctima o prohibiciones para conducir y acceder a ciertos espacios.

En casos de penas privativas de libertad, las condenas podrían cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos o especializados, o en sectores diferenciados dentro del sistema penitenciario para adolescentes. En contraposición, los organismos que trabajan con la niñez y la adolescencia se oponen a esta medida y exigen políticas públicas de contención para no criminalizar a los menores de edad que comenten hechos delictivos. Informa Voces Críticas.