Tras la represión en el Congreso, el Gobierno denunció a los detenidos y apuntó contra la jueza Karina Andrade

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los detenidos tras la represión ocurrida el miércoles durante la protesta de los jubilados. Los acusados enfrentan cargos por “sedición, asociación ilícita agravada y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática”. Además, el Gobierno exigió el apartamiento de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación inmediata de más de 100 detenidos a través de un mensaje de WhatsApp, sin revisar pruebas ni antecedentes penales. 

Los hechos investigados se originaron durante la represión en la movilización convocada en apoyo a los jubilados, que derivó en violentos disturbios cerca del Congreso Nacional. Según el Ministerio, los incidentes fueron organizados premeditadamente por barras bravas de clubes como Chacarita, River Plate, Boca Juniors e Independiente, en conjunto con dirigentes políticos y sindicales. La denuncia también menciona al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, quien habría apoyado la protesta desde España a través de un video viralizado en redes sociales. 

La violencia dejó un saldo de 14 policías heridos, incluyendo un subcomisario con lesiones graves, y daños materiales como la quema de un patrullero y motocicletas oficiales. Además, civiles y periodistas resultaron afectados, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una herida en la cabeza por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, quedando en estado crítico. 

Críticas a la jueza Andrade

El Gobierno cuestionó duramente el accionar de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos durante la represión sin revisar las pruebas ni verificar sus antecedentes penales, muchos de los cuales incluyen delitos graves como lesiones, tenencia de armas y tráfico de estupefacientes. El Ministerio de Seguridad solicitó que se declare la incompetencia del juzgado de Andrade y no descarta presentar una denuncia penal contra la magistrada por presunto prevaricato y violación de los deberes de un funcionario público. 

En su defensa, Andrade argumentó que actuó conforme a la Constitución y criticó la falta de información proporcionada por las fuerzas de seguridad. “Yo tuve que advertir cuáles eran las personas que necesitaban una respuesta rápida, cuáles eran los derechos que se debían preservar”, explicó la jueza, quien destacó que no recibió actas ni detalles sobre las detenciones. 

Vinculación política y sindical

La denuncia del Ministerio de Seguridad subraya la presunta participación de Leandro Capriotti, cercano al dirigente sindical Luis Barrionuevo, en la organización de los disturbios. Según el texto, los manifestantes habrían sido movilizados desde municipios bonaerenses como La Matanza y Lomas de Zamora, con financiamiento de actores políticos locales.

El Gobierno sostiene que estas agrupaciones actúan como “mano de obra” de sectores políticos y sindicales, utilizando la violencia para desestabilizar al gobierno de Javier Milei. “Las organizaciones que ejercieron violencia durante la marcha de forma premeditada buscaban impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional”, señala la denuncia.  Informa Voces Críticas.