Tras la represión en el Congreso, el Gobierno denunció a la jueza que liberó a los manifestantes detenidos

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo las órdenes de la ministra Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade por su decisión de liberar a 114 detenidos tras la represión ocurrida el 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso, durante una marcha de jubilados. La magistrada es acusada de los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. 

Según la denuncia, Andrade actuó de manera arbitraria al liberar a los detenidos durante la represión sin un análisis adecuado de las pruebas ni de sus antecedentes penales. Además, se señala que utilizó un grupo de mensajería instantánea, como WhatsApp, para ordenar las liberaciones, sin dejar un registro oficial ni dar intervención formal a la Fiscalía. Esta actuación habría interferido indebidamente en un procedimiento de flagrancia, competencia exclusiva de la Fiscalía. 

Entre los detenidos liberados se encontraban personas con antecedentes por delitos graves como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo. El Ministerio de Seguridad sostiene que la jueza no verificó estos antecedentes antes de tomar su decisión, lo que contraviene la legislación vigente. 

En declaraciones radiales, Andrade defendió su accionar, argumentando que priorizó "el derecho a manifestarse" y que no analizó los antecedentes penales porque, en esa instancia, solo correspondía verificar si existían pedidos de captura vigentes. Sin embargo, el Gobierno considera que su decisión carece de fundamento legal y podría haber colaborado en el encubrimiento de los delitos cometidos durante la represión. 

La denuncia, que recayó en el Juzgado Federal N° 1 de la magistrada María Servini, solicita la apertura de un sumario penal y la recolección de pruebas, incluida la documentación audiovisual de los hechos ocurridos en la Plaza de los Dos Congresos. Además, se pide que el fuero federal investigue delitos como sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada, dado el impacto de los disturbios en el orden democrático. Informa Voces Críticas.