Salvador Mazza: nueva intervención judicial sobre la empresa de transporte Urkupiña

SALTA (Redacción Voces Críticas) La Justicia ordenó una nueva intervención en la empresa de transporte Urkupiña, ubicada en el barrio San Martín del municipio fronterizo de Salvador Mazza, en el norte salteño. El operativo, realizado con presencia policial, forma parte de un prolongado conflicto legal entre los herederos de la firma, que se agrava por denuncias de irregularidades financieras y deterioro del servicio.

Cristian Severich, uno de los tres herederos de Urkupiña, denunció públicamente el manejo actual de la empresa y aseguró que parte de los ingresos están siendo derivados hacia una firma paralela, llamada San Francisco, autorizada a brindar servicios turísticos y contratada por empresas petroleras. “Urkupiña es de línea, y ese desvío perjudica el servicio que se brinda a la comunidad”, declaró en diálogo con el periodista Rubén Costes.

Según Severich, el dinero recaudado no se reinvierte en el mantenimiento de las unidades ni en mejorar las condiciones del transporte, lo que deja en evidencia un abandono estructural que afecta a miles de usuarios en la región. “Hace más de 30 años que no se hacen inversiones reales. Esta empresa queda para mis hijos y para mis nietos”, recordó, citando a su abuela como fundadora del emprendimiento familiar.

La intervención judicial en Urkupiña busca facilitar un acuerdo entre las partes en disputa. Sin embargo, Severich denunció que la secretaria administrativa habría intentado obstaculizar el procedimiento judicial, presuntamente por órdenes del actual dueño de la empresa.

No es la primera vez que Urkupiña queda en la mira de la Justicia. En 2021, Rubén Severich, propietario de la firma, fue citado a declarar ante el Juzgado Federal de Tartagal, tras denuncias de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) por presuntas defraudaciones al Estado nacional y falsificación de documentos públicos.

El expediente judicial indica que la empresa habría recibido subsidios por servicios no prestados, con declaraciones juradas incompletas y líneas que no estaban operativas. La supuesta estafa superaría los 20 millones de pesos y aún se encuentra bajo investigación. Informa Voces Críticas.