Crece la presión contra la renovación de Pablo López Viñals en la Corte de Justicia salteña

SALTA (Redacción Voces Críticas) El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) presentó una nota formal al vicegobernador y presidente del Senado provincial, Antonio Marocco, en la que solicita que se informe a la Cámara alta sobre las objeciones planteadas ante la eventual renovación de Pablo López Viñals como juez de la Corte de Justicia. El pedido se apoya en una serie de cuestionamientos acumulados durante su trayectoria como procurador y como integrante del máximo tribunal salteño.

Desde FOCIS, su representante Luis García Vidal recordó que ya en su primer nombramiento en 2019 habían expresado reparos. A su juicio, la gestión de López Viñals como procurador general (2008–2019) estuvo marcada por la morosidad, la falta de transparencia y la inacción en el Ministerio Público Fiscal, elementos que hoy se reactivan como argumentos para rechazar su continuidad.

El crimen de las turistas francesas, eje del malestar

Uno de los antecedentes más graves señalados es el caso del doble homicidio de las turistas francesas en 2011, cuyas irregularidades procesales siguen siendo motivo de debate público. García Vidal sostuvo que “ni la verdad sobre los autores ni las consecuencias del hecho pudieron esclarecerse”, lo que deja al caso como un símbolo de impunidad judicial en Salta.

El tema se vincula además con la condena de Santos Clemente Vera, quien fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal de impugnación —sin jurisdicción para hacerlo—, y cuya sentencia fue luego ratificada por la Corte de Justicia, que integraba Pablo López Viñals. La Corte Suprema de la Nación anuló ese fallo en 2023, y formuló duras críticas que, según FOCIS, ratifican la falta de idoneidad del sistema penal salteño.

Acusación de “doblez institucional”

A este cuadro se suma una oposición formal presentada por el juez civil Gonzalo Mariño, quien denunció una "doblez institucional" en la conducta de López Viñals. En su escrito, dirigido al Ministerio de Seguridad y Justicia, Mariño sostiene que el magistrado avaló una acordada que cesa a jueces mayores de 70 años, pero ahora busca renovar su propio mandato basándose en el régimen anterior, derogado por la reforma constitucional de 2021.

Para Mariño, esta situación coloca a López Viñals ante una contradicción ética y jurídica: o sus decisiones anteriores fueron funcionales a intereses políticos, o ahora actúa en contra del nuevo marco legal para beneficiarse personalmente.

El centro de la controversia jurídica es la Acordada 14302, firmada el 7 de febrero pasado, en la que la Corte salteña —con el aval de López Viñals— estableció que todos los jueces inferiores que cumplan 70 años cesarán en sus funciones el 30 de junio. Esta norma, que impactó directamente en la carrera judicial de Mariño, es ahora señalada como ejemplo de doble estándar institucional, ya que el propio vocal busca revalidar su cargo bajo criterios que niega a sus colegas.

Desde sectores críticos se advierte que permitir su renovación desnaturalizaría el espíritu de la reforma constitucional, que fue impulsada justamente para evitar perpetuaciones en la cúpula judicial.

Herencias de una gestión cuestionada

Más allá de la coyuntura jurídica, la figura de López Viñals arrastra un desgaste significativo entre sectores del Poder Judicial y de la sociedad civil. Su paso por la Procuración dejó, según diversas fuentes judiciales y publicaciones locales, una herencia de causas estancadas, víctimas sin respuesta y un sistema judicial desconectado del reclamo social.

Para muchos actores institucionales, su posible continuidad en la Corte representa una señal regresiva frente a la demanda social de renovación y transparencia judicial. Las cartas ya están sobre la mesa, y la decisión del Senado salteño será clave para definir el rumbo del sistema judicial de la provincia. Informa Voces Críticas.