Reforma migratoria: el Gobierno endurecerá los requisitos y promueve la “deportación exprés”

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional confirmó este martes una profunda reforma migratoria que incluirá más restricciones para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país, además de facilitar mecanismos de expulsión. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y funcionarios del Ministerio del Interior.

La medida será oficializada en los próximos días mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), redactado por la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Entre los cambios más significativos, se destacan la prohibición de ingreso al país para extranjeros con condenas penales, la posibilidad de deportación por delitos de cualquier tipo —incluso con penas menores a 5 años— y la exigencia de un seguro médico obligatorio para quienes ingresen como residentes transitorios, temporarios o irregulares.

“Argentina fue demasiada permisiva para quienes ingresan de forma irregular”, sostuvo Adorni, en línea con las declaraciones que el presidente Javier Milei dio el 1° de marzo, cuando anticipó la reforma durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Allí, el mandatario expresó que el país no puede seguir siendo “un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos”.

La reforma migratoria también incluirá el arancelamiento de ciertos servicios públicos. Por ejemplo, los residentes no permanentes deberán pagar por el acceso a la salud pública, lo cual representa, según cifras oficiales, un intento por reducir el gasto de $114.000 millones anuales destinado a la atención de extranjeros. Asimismo, se habilitará a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes que no sean residentes permanentes, aunque la educación inicial, primaria y secundaria no será alcanzada por esta medida.

La reforma retoma aspectos del DNU 70/17 implementado durante el gobierno de Mauricio Macri, cuya aplicación fue limitada por fallos judiciales posteriores. Esta vez, el oficialismo buscaría blindar su legalidad argumentando necesidad y urgencia.

Tras el anuncio, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, defendió la decisión en redes sociales: “Argentina tiene una política migratoria que invita al caos. En los últimos 20 años ingresaron más de un millón de inmigrantes de forma irregular”. Informa Voces Críticas.