Escándalo: Patricia Bullrich dejó sin casa a 160 familias del Procrear para entregarlas a fuerzas federales

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) En un acto con fuerte custodia policial, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entregó este mes las llaves de 160 viviendas del edificio Sagol en Avellaneda a miembros de las fuerzas federales. Estas unidades habían sido previamente sorteadas y adjudicadas a familias de la zona en noviembre de 2023, dentro del programa Procrear.

Con el arribo del gobierno de Javier Milei, el plan Procrear fue eliminado y las obras quedaron inconclusas, pese al alto grado de avance. El municipio de Avellaneda, liderado por Jorge Ferraresi, exigió la devolución del predio cedido para ese fin, sin obtener respuesta oficial. Finalmente, las viviendas fueron entregadas a policías federales por la titular de Seguridad en un acto cerrado, sin comunicación ni consulta previa a las familias damnificadas.

El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, declaró que la decisión constituye una "estafa", ya que los adjudicatarios debieron buscar alternativas habitacionales pese a haber cumplido todos los requisitos. García denunció que se trató de una decisión política inconsulta, con irregularidades en el procedimiento administrativo, y anunció que enviará oficios al Banco Hipotecario y a los ministerios de Seguridad y Economía, con vistas a iniciar acciones judiciales si no se presentan respuestas formales.

Por su parte, más de 40 familias afectadas ya anunciaron demandas judiciales y, en paralelo, 25 efectivos policiales ya ocuparon las viviendas que les fueron entregadas por Patricia Bullrich. El Defensor advirtió además que la entrega se realizó sin que se conozca el mecanismo de pago o financiamiento para las fuerzas federales.

El acto encabezado por Bullrich se enmarcó en una fuerte campaña mediática del Gobierno, que argumentó que las viviendas estaban desocupadas o destinadas al alquiler turístico y que la entrega representaba un acto de gratitud a las fuerzas por su servicio. Sin embargo, la falta de transparencia, el cerco policial y la ausencia de diálogo con las autoridades locales y beneficiarios legitimaron los cuestionamientos sobre un uso político de las viviendas públicas.

Además, la operación se realizó en medio de un clima de malestar generalizado: la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal enfrenta múltiples denuncias por falta de cobertura médica, generando tensiones internas y presiones políticas que Bullrich justificó como motivo para priorizar a las fuerzas. Informa Voces Críticas.