El Gobierno de Javier Milei auditará a más de 700.000 beneficiarios por discapacidad laboral

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional avanza en una auditoría masiva sobre las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL), en medio de la polémica por el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lanzó una licitación para contratar hasta 720.000 envíos postales, principalmente cartas documento, destinadas a notificar suspensiones y solicitar documentación respaldatoria a beneficiarios en todo el país.

Según el pliego publicado el 30 de julio en el portal oficial Compr.Ar, la empresa que resulte adjudicataria deberá entregar las cartas a los beneficiarios de la pensión por discapacidad laboral en cualquier punto del país en un plazo de 48 horas hábiles. En caso de no concretar la entrega en el primer intento, deberá realizar un segundo al día siguiente y, si persiste la imposibilidad, devolver la pieza tras cinco días hábiles. El paquete de contratación incluye también cartas certificadas, cartas exprés y encomiendas, sumando más de 730.000 piezas postales.

Un plan anunciado en febrero

El operativo de revisión fue comunicado en febrero por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien indicó que ANDIS y PAMI liderarían el envío de cartas documento a los 1.013.400 beneficiarios por discapacidad laboral registrados hasta ese momento. El objetivo: verificar el cumplimiento de los requisitos legales y dar de baja las prestaciones irregulares.

En las últimas semanas, el Gobierno informó la cancelación de 110.522 pensiones, más otras 8.107 correspondientes a personas fallecidas y 10.038 de beneficiarios que renunciaron voluntariamente. Según cifras oficiales, el 60% de los beneficiarios no presentó la documentación requerida.

Veto y tensión política

El envío de cartas documento se da en paralelo a la discusión sobre el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca regularizar pagos, actualizar aranceles y reformar el sistema de pensiones no contributivas hasta 2027. La norma también plantea cambios en la gestión de la ANDIS, pero el Ejecutivo se opone a su implementación. Informa Voces Críticas.