Emergencia en Discapacidad: Javier Milei avanza con la judicialización para no implementar la ley

SALTA (Redacción Voces Críticas) La oposición logró por primera vez en la gestión de Javier Milei rechazar un veto presidencial, relacionado con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca actualizar aranceles y regularizar el pago a prestadores. Frente a este escenario, el Gobierno comenzó a preparar una estrategia judicial para impedir la implementación de la norma.

El gobierno de Milei estudia un aumento de partidas para personas con discapacidad como gesto político, aunque fuentes oficiales admiten que la medida no se extenderá a otras áreas de salud ni jubilaciones.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que la medida se podría financiar “gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas”. Sin embargo, el avance depende directamente de la Presidencia, lo que hace probable que la norma no se aplique aún si el veto cae.

Judicialización como estrategia

Javier Milei anticipó semanas atrás que, si se rechaza el veto, lo “judicializará” para que no tenga efecto sobre el gasto público. El Ejecutivo analiza dos vías: alegar la presunta ilegalidad de la sesión del Senado o denunciar que la oposición impuso la normativa sin fuentes de financiamiento. Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la ley tendría un impacto fiscal de entre 0,25% y 0,45% del PIB, cifra que el Gobierno considera demasiado alta.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el rechazo legislativo no alterará la estrategia económica oficial: “No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico”. Para él, las resistencias parlamentarias son parte del “cambio revolucionario que mira el mundo entero” y eventualmente “termina jugando a favor nuestro”.

Detalles de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La normativa declara la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Entre sus medidas están la actualización automática de aranceles, regularización de prestadores y financiamiento de pensiones no contributivas. Además, redefine la certificación de discapacidad según estándares internacionales y asegura el acceso a educación, salud, trabajo y rehabilitación.

Conflictos internos en La Libertad Avanza

El oficialismo sufrió rupturas recientes. Cuatro diputados, entre ellos Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, formaron el bloque “Coherencia” por enfrentamientos con Martín Menem y Karina Milei. Según los legisladores, el nuevo espacio buscará “trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra”.

Con la judicialización como carta central, el Gobierno busca mantener control sobre la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras enfrenta la presión social y la oposición legislativa que insiste en garantizar prestaciones para un sector históricamente desatendido. Informa Voces Críticas.