Avalan el régimen de alta peligrosidad al “Coya” Rojas, uno de los narcos salteños más temidos

SALTA (Redacción Voces Críticas) El nombre de Raúl Ricardo “Coya” Rojas volvió a ocupar la agenda judicial luego de una resolución adoptada en el marco de su detención en la cárcel de Ezeiza. Identificado como uno de los narcos más temidos de la provincia de Salta, su situación procesal quedó bajo análisis del camarista federal Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. La decisión giró en torno a la constitucionalidad y aplicación del régimen de alta peligrosidad que regula a internos con antecedentes graves.

El magistrado analizó la sentencia previa del juez Domingo José Batule, quien había cuestionado la validez de algunas disposiciones sobre el tratamiento de internos de riesgo. En este contexto, el caso del “Coya” Rojas se convirtió en un ejemplo de debate sobre los límites del encierro prolongado y las condiciones mínimas de detención para condenados por delitos vinculados al narco. 

Uno de los puntos discutidos fue el régimen de visitas, que limitaba el contacto físico entre Rojas y su familia. También se cuestionó la demora del Servicio Penitenciario Federal en asignarle tareas laborales, pese a que la legislación nacional reconoce el trabajo como un derecho y un deber de los internos. El camarista instó a que se regularicen estas cuestiones en plazos concretos y sin más dilaciones.

El fallo también abordó la situación educativa, la actividad física y la atención psicológica dentro del penal. Según la resolución, estas áreas debían reforzarse para adecuarse a estándares internacionales, sin dejar de lado el perfil de peligrosidad del detenido. De esta manera, el caso del reconocido narco volvió a abrir el debate sobre la compatibilidad entre la seguridad institucional y la vigencia de derechos fundamentales de quienes cumplen condena.

Raúl Ricardo Rojas fue condenado a prisión perpetua por hechos de extrema gravedad vinculados al crimen organizado en el norte argentino. Su traslado desde la cárcel federal de Güemes hasta Ezeiza respondió a la necesidad de un control más estricto sobre sus movimientos y contactos. El proceso judicial en curso no discute su condena, sino las condiciones bajo las cuales debe cumplirla, en un contexto donde confluyen seguridad, derechos humanos y políticas penitenciarias. Informa Voces Críticas.