Judicialización en marcha: Javier Milei apuesta a la Justicia para no aplicar la Emergencia en Discapacidad

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Senado debatirá este jueves el rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que marcaría un hecho histórico: sería la primera vez en 22 años que un Gobierno enfrenta una derrota legislativa de este tipo. En la previa, la Casa Rosada ya anticipa el escenario y prepara la estrategia para judicializar la norma y evitar su aplicación.

El plan de Milei: ganar tiempo con la Justicia

Los bloques opositores tienen asegurados los votos para insistir con la ley, que ya fue aprobada en julio con 56 votos a favor y ninguno en contra. El presidente Javier Milei reconoció en una entrevista radial que, de concretarse este escenario, avanzará en la vía judicial: “Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”.

El argumento central del Gobierno será el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que cualquier norma que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar las fuentes de financiamiento. La Casa Rosada sostiene que los fondos necesarios para aplicar la ley no están contemplados ni en el presupuesto vigente ni en el proyectado, y que comprometerían la meta de déficit cero en plena etapa electoral.

Qué dispone la Ley de Emergencia en Discapacidad

La norma declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y contempla medidas para garantizar derechos básicos de las personas con discapacidad: salud, educación, empleo, rehabilitación y protección social. Entre sus puntos principales:

• Actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según inflación.
• Financiamiento de pensiones no contributivas por discapacidad.
• Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
• Beneficios tributarios y de regularización de deuda para prestadores de servicios.
• Compatibilidad de la pensión con el empleo formal hasta un tope salarial.
• Declaración de interés público para los servicios prestados en el área.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la aplicación de la ley tendría un impacto estimado de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.

La estrategia oficial y el contexto político

El Ejecutivo trabaja en la “letra chica” de los planteos judiciales para frenar la implementación de la ley, buscando ganar tiempo hasta después de las elecciones. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado semanas atrás que el Gobierno evaluaba un incremento en las prestaciones con ahorros derivados de la baja de pensiones mal otorgadas. Sin embargo, el proceso avanza lentamente y no alcanza a cubrir las demandas del sector.

Mientras tanto, el conflicto se enmarca en un clima de tensión política: la sesión será presidida por Victoria Villarruel y además del tema discapacidad, se debatirán modificaciones al régimen de DNU y convenios internacionales con Francia y Austria. Informa Voces Críticas.