Droga, dinero y favores: cómo funcionaba la red criminal en el penal de Villa Las Rosas

Salta (Redacción Voces Críticas) El penal de Villa Las Rosas quedó en el centro de un fuerte escándalo tras revelarse un entramado criminal que funcionaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1 de Salta. La investigación determinó que internos, familiares y funcionarios penitenciarios formaban parte de un esquema que incluía comercialización de drogas, triangulación de dinero y cobros ilegales a los detenidos y sus allegados.

De acuerdo a lo que se ventiló en la causa, la organización permitía el ingreso y la venta de estupefacientes dentro de los pabellones con una facilidad inédita, lo que convertía a la cárcel en un ámbito propicio para profundizar vínculos delictivos en lugar de resocializar a los internos. Los investigadores señalaron que este sistema provocaba que muchos detenidos adquirieran deudas que terminaban condicionando su vida diaria tras las rejas.

En la vigésima tercera jornada del juicio, el Ministerio Público Fiscal presentó pruebas que describen cómo operaba la estructura. El fiscal especializado en Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, habló de un contexto de corrupción y degradación institucional en el Servicio Penitenciario y advirtió que lo que se observó durante las audiencias “constituye la traición más absoluta a la promesa de resocialización que el Estado debe garantizar”.

La organización estaba dividida en tres engranajes: los internos Manuel Méndez y Héctor Banegas lideraban las operaciones; familiares como la madre de Méndez y la esposa de Banegas se encargaban de manejar el dinero y la droga; mientras que funcionarios penitenciarios facilitaban el ingreso de los estupefacientes y el desarrollo de las actividades ilícitas. Según la acusación, se trataba de una “empresa criminal sofisticada y enquistada en el centro del Servicio Penitenciario”.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio recordó que todo comenzó con denuncias de internos y familiares, a las que luego se sumó un informe de la entonces directora del Servicio Penitenciario que señalaba directamente a jefes involucrados en maniobras irregulares. También sostuvo que los investigadores recurrieron a estrategias inéditas, como la intervención de celulares y el análisis de 113 cuentas bancarias, para poder penetrar en la estructura jerárquica del penal.

Durante los alegatos, la Fiscalía también acreditó que se cometieron exacciones ilegales: funcionarios penitenciarios exigían dinero a internos y familiares abusando de su posición de poder. Para los investigadores, no se trataba de actos aislados, sino de un sistema consolidado en el que los beneficios, la seguridad y hasta la permanencia en determinados pabellones se negociaban como parte de un negocio ilegal.

Tras siete horas de exposición, el Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 8:30, cuando continuará la etapa de alegatos del Ministerio Público Fiscal.