Emergencia en Discapacidad: el plan del Gobierno para frenar la ley en la Justicia

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La ratificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Congreso abrió un nuevo frente de tensión entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El presidente Javier Milei instruyó a su equipo a resistir la aplicación de la norma para “defender el equilibrio fiscal” y evalúa judicializar la medida.

Tras el rechazo al veto presidencial en el Senado, la ley quedó automáticamente promulgada y obliga al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para financiar los beneficios previstos. Sin embargo, fuentes oficiales aseguran que el Gobierno busca dilatar su aplicación. “Voy a defender el equilibrio fiscal en todas las instancias que haga falta”, sostuvo Milei en una reunión privada.

Según el vocero presidencial Manuel Adorni, la implementación de la nueva normativa implica un gasto adicional de 5.000 millones de dólares anuales. “Nosotros no nos vamos a correr del equilibrio fiscal”, advirtió en A24, anticipando que la Casa Rosada analiza una judicialización.

Estrategia judicial y reglamentación limitada

En la Casa Rosada aseguran que reasignar fondos equivaldría a reconocer la vigencia plena de la Emergencia en Discapacidad. Por eso, se evalúa reglamentarla “a la usanza libertaria” para volverla impracticable en los hechos y, al mismo tiempo, llevar el debate a la Justicia. El diseño de la estrategia recae en el asesor presidencial Santiago Caputo, con apoyo del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

En paralelo, el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, informó ante el Consejo Federal de Discapacidad que un equipo ya trabaja en la reglamentación de la ley. El mensaje expuso diferencias internas sobre la aplicación de la norma.

Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad

La normativa declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y ordena medidas clave:

• Financiamiento de pensiones no contributivas.
• Fortalecimiento de la ANDIS.
• Actualización mensual de los aranceles del sistema de prestaciones.
• Beneficios tributarios para prestadores.
• Compatibilización de pensión con empleo formal.
• Consulta obligatoria con personas con discapacidad y sus organizaciones.

La oposición en el Congreso advirtió que, si el Gobierno no reasigna fondos, podría enfrentar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La diputada Victoria Tolosa Paz reclamó la restitución de pensiones suspendidas y denunció “incentivos para empleados que eliminaran beneficios”. Además, organizaciones de prestadores evalúan denunciar penalmente a funcionarios por incumplimiento de deberes si no se efectivizan los pagos. Informa Voces Críticas.