MOCIÓN DE CENSURA
Tras la suspensión de la Emergencia en Discapacidad, la oposición quiere la cabeza de Guillermo Francos
ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó este lunes un proyecto de resolución para iniciar una moción de censura contra Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de la Nación. La iniciativa se fundamenta en la suspensión de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, medida tomada por el Ejecutivo hasta tanto se definan partidas presupuestarias específicas para su aplicación.
El texto que busca interpelar al Jefe de Gabinete cuenta con las firmas de referentes opositores como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, y detalla causales graves como la nulidad del Decreto 681/2025, el incumplimiento de leyes vigentes, la violación de la división de poderes y la falta de asignación presupuestaria adecuada.
Cada causal será debatida y votada de forma independiente en el pleno legislativo, lo que anticipa un escenario de alta tensión política.
Qué es la moción de censura
La moción de censura que se le intenta aplicara a Guillermo Francos es un mecanismo de control previsto en la Constitución Nacional, artículo 101 (Reforma de 1994). Permite al Congreso interpelar y eventualmente remover a un funcionario del Poder Ejecutivo.
El procedimiento tiene dos etapas:
- La iniciativa, que exige la aprobación de un pedido de interpelación con mayoría absoluta en cualquiera de las cámaras.
- La ejecución, donde la moción debe aprobarse nuevamente por mayoría absoluta, pudiendo derivar en la sustitución del funcionario cuestionado.
A diferencia de los sistemas parlamentarios, en Argentina este mecanismo no compromete la responsabilidad política del Presidente ni del propio Jefe de Gabinete, sino únicamente la continuidad del funcionario interpelado.
Una ley clave para el sector de la discapacidad
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido inicialmente vetada por el Ejecutivo en agosto, pero se impuso en el Congreso gracias al apoyo de dos tercios de ambas cámaras.
Sin embargo, el Gobierno suspendió su aplicación bajo el argumento de “garantizar coherencia con el Presupuesto 2026 y la planificación financiera nacional”. Según el comunicado oficial, antes de poner en marcha la norma es necesario definir cómo se financiarán sus costos, estimados en más de 3 billones de pesos.
En paralelo, la Decisión Administrativa 24/2025 reasignó más de 121 mil millones de pesos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para actualizar pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas. Los recursos provienen de recortes a otras partidas del Tesoro. Aun así, la oposición considera que la medida es insuficiente y que la suspensión de la ley vulnera derechos fundamentales. Informa Voces Críticas.