La Justicia imputa a Espert por lavado: el origen de los US$200.000 que lo comprometen

Argentina (Redacción Voces Críticas) El diputado nacional José Luis Espert quedó formalmente imputado en una causa por presunto lavado de dinero. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, avanzó con la investigación tras una denuncia presentada por Juan Grabois, que apunta a un pago de 200.000 dólares que el legislador habría recibido en 2020 del empresario Federico “Fred” Machado, detenido por delitos vinculados al narcotráfico y el lavado internacional.

Según la denuncia, ESpert habría cobrado el dinero de una estructura “ligada a redes mafiosas” que operaban desde América Latina hacia Estados Unidos. El fiscal solicitó al juez Lino Mirabelli la adopción de medidas de prueba para determinar el origen y destino del dinero, y si la operación se encuadra en una maniobra de lavado de activos.

La imputación se conoció el mismo día en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó la extradición de Machado a Estados Unidos. El fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ratifica que los cargos contra el empresario, por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico, cumplen con los acuerdos internacionales de cooperación judicial.

En sus declaraciones públicas, Espert negó haber cometido delito alguno y justificó que el pago correspondía a una asesoría económica vinculada a un proyecto minero en Guatemala. “Fue un trabajo de consultoría, con contrato firmado, no un aporte político ni nada ilegal”, sostuvo el economista al ser consultado por medios nacionales.

Por su parte, Machado reconoció el vínculo: “Lo ayudé económicamente porque me dijo que necesitaba aportes”, explicó en una entrevista radial, y agregó que el acuerdo se dio bajo un marco contractual legítimo. Aun así, la Justicia busca determinar si la operación se concretó con fondos provenientes de actividades ilícitas.

El caso complica el panorama político de Espert, actual referente liberal y diputado por La Libertad Avanza. Si bien no se dispusieron medidas cautelares en su contra, el avance judicial representa un golpe para su figura pública a menos de tres semanas de las elecciones legislativas.