Corrupción en Villa Las Rosas: condenaron a funcionarios del Servicio Penitenciario

SALTA (Redacción Voces Críticas) Luego de diez semanas de audiencias, la Sala VII del Tribunal de Juicio —integrada por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— dictó sentencia sobre el caso de corrupción en el penal de Villa Las Rosas, una de las causas más graves de corrupción institucional registradas en el sistema penitenciario salteño.

El proceso judicial expuso el funcionamiento de una red narco integrada por ocho funcionarios penitenciarios, internos alojados en la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas y varios de sus familiares, quienes fueron hallados culpables de comercialización de drogas y exacciones ilegales.

Los jueces impusieron penas de entre 4 años y 6 meses y 10 años y 6 meses de prisión para los funcionarios penitenciarios, mientras que los internos y familiares involucrados recibieron condenas que van de 1 año a 9 años y 6 meses. Las sentencias se ajustan en gran medida a lo solicitado por la Unidad Fiscal, encabezada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.

De acuerdo con la acusación, los involucrados actuaron de manera organizada, con jerarquías y roles definidos, para sostener un sistema delictivo basado en dos pilares: la comercialización sistemática de estupefacientes dentro de Villa Las Rosas y la extorsión a los internos a través de cobros ilegales y favores indebidos.

Corrupción, abusos y vulneración de derechos

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que las maniobras criminales no sólo generaron beneficios económicos para los acusados, sino que implicaron un apartamiento deliberado de la normativa penitenciaria y una vulneración sistemática de derechos humanos. Se comprobó que dentro del penal existía un régimen paralelo, donde algunos funcionarios decidían —mediante prácticas arbitrarias y extorsivas— quién sufría abusos, quién obtenía privilegios y quién accedía a beneficios o protección.

El Ministerio Público Fiscal destacó la gravedad institucional del caso, señalando que la corrupción dentro del Servicio Penitenciario salteño no sólo afectó la seguridad interna del penal, sino que socavó la credibilidad del sistema de justicia. El fallo busca marcar un precedente frente a delitos cometidos por agentes del Estado y fortalecer los mecanismos de control institucional para evitar nuevas situaciones de abuso y connivencia criminal. Informa Voces Críticas.