El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, pero suspendió su aplicación por falta de fondos

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) Este martes, el Gobierno promulgó dos leyes clave para sectores críticos del país: la Ley N.º 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N.º 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias médicas nacionales. Sin embargo, ambas normativas quedaron suspendidas por decisión del Poder Ejecutivo hasta tanto el Congreso de la Nación determine cómo se financiarán.

La medida fue oficializada durante la madrugada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial. Allí, el Gobierno argumenta que la ejecución de estas leyes implicaría un fuerte impacto fiscal que excede las capacidades presupuestarias actuales del Estado. La decisión de postergar su aplicación se basa en lo establecido por la Ley de Administración Financiera (N.º 24.156), que exige identificar fuentes claras de financiamiento para toda ley que genere gasto público.

La Ley de Financiamiento Universitario —aprobada tras la insistencia del Congreso pese a un veto presidencial previo— busca garantizar la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, así como una recomposición salarial acorde con la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Según el decreto, su aplicación completa costaría más de $1 billón en 2025 y superaría los $2 billones en 2026.

En el plano salarial, la norma establece que los sueldos del personal docente y no docente deben ajustarse en función del IPC, incorporando además al básico todas las sumas no remunerativas y bonificables. Esto implicaría una suba del 40,25 % para equiparar la inflación del período y un incremento adicional del 37,55 % para determinadas categorías no docentes. También se prevé una actualización automática de los programas de becas estudiantiles como Progresar y Manuel Belgrano.

Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica, que tiene como símbolo al Hospital Garrahan, apunta a garantizar el acceso a una atención infantil de calidad, reforzar los hospitales públicos y mejorar las condiciones laborales del personal de salud. El texto incluye asignaciones prioritarias de recursos para insumos, infraestructura, medicamentos, vacunas y salarios, además de la exención del impuesto a las ganancias para actividades críticas. La implementación de esta ley tendría un costo fiscal estimado de $196.270 millones, una cifra que, según el Ejecutivo, no puede ser absorbida con el presupuesto actual del Ministerio de Salud, que ya presenta un déficit de más de $100.000 millones.

El Gobierno enfatizó que la falta de previsión presupuestaria convierte estas leyes en medidas de alto riesgo para el equilibrio fiscal, al que considera una de las prioridades centrales de su gestión. En septiembre ya había sucedido algo similar con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue vetada y luego suspendida por el mismo motivo. Aunque ambas leyes reflejan demandas urgentes, el Ejecutivo sostuvo que sin fondos asegurados “su aplicación resultaría irresponsable”.

De este modo, la promulgación de las leyes queda como un gesto formal, mientras que su implementación concreta dependerá de que el Congreso defina partidas específicas en el próximo Presupuesto Nacional. Por ahora, sectores clave como la universidad pública y la salud infantil siguen a la espera de medidas efectivas que respondan a sus necesidades más urgentes. Informa Voces Críticas