2025-11-05

¡SE APROVECHABA!

Condenaron a un empleado del IPS por fraude y falsificación: así estafaba a los afiliados

Un exjefe del IPS fue condenado por fraude, concusión y falsificación tras comprobarse que pedía dinero a afiliados y emitía facturas falsas
Por Redacción Voces Críticas

SALTA (Redacción Voces Críticas) Un grave caso de corrupción impactó al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS). Pablo Federico Anze, exjefe del área de Derivaciones del organismo, fue condenado por fraude a la administración pública, concusión y falsificación de instrumento público, tras comprobarse que pedía dinero a afiliados y emitía facturas falsas para quedarse con los pagos.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, representó al Ministerio Público Fiscal durante el proceso. En el juicio abreviado, la jueza María Gabriela González impuso una pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos vinculados a manejo de fondos o atención al público, y el pago de $1.300.000 al IPS como resarcimiento económico.

La investigación determinó que el exfuncionario del IPS engañaba a los afiliados solicitando pagos que, según él, debían realizarse para autorizar derivaciones o traslados. Prometía gestionar los trámites internamente, pero las pericias contables demostraron que el dinero nunca se registraba en el sistema, generando un daño económico directo a la obra social provincial.

Uno de los hechos más graves ocurrió en octubre de 2020, cuando Anze exigió 2.000 dólares a una afiliada para habilitar el uso del avión sanitario del IPS, entregándole una factura apócrifa. Las pruebas incluyeron comprobantes falsificados y documentos adulterados, con un total de 42 hechos de fraude y concusión y 10 de falsificación de instrumento público.

Si bien el acusado continuará en libertad por tratarse de una condena condicional, no podrá volver a ocupar ningún cargo público que implique el manejo de dinero ni contacto directo con afiliados o ciudadanos. La Justicia consideró probada la maniobra y destacó la gravedad institucional del accionar dentro de un organismo que debe velar por la salud y el bienestar de sus afiliados.

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