El Gobierno prevé entregar la auditoría de ANDIS a la Justicia antes de fin de año

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Gobierno confirmó que antes de que concluya el año presentará ante la Justicia la auditoría interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según fuentes oficiales, el documento que evalúa compras de medicamentos y procedimientos administrativos ya pasó por varias instancias de intercambio con los investigadores y se encuentra en una fase avanzada de elaboración.

El equipo del interventor Alberto Vilches revisa desde hace meses los mecanismos de contratación del organismo. En ese proceso surgieron facturas que no figuraban en los registros públicos y expedientes sin trazabilidad dentro del Ministerio de Salud. En despachos oficiales admiten que los primeros análisis coinciden con elementos ya detectados en la causa judicial, como indicios de sobreprecios y operaciones irregulares.

En la Casa Rosada mantienen la posición de que la investigación no genera inquietud en torno a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Funcionarios nacionales sostienen que las referencias a su figura en el expediente no responden a menciones directas sino a interpretaciones de los investigadores, y remarcan que desean que el proceso judicial avance con celeridad. También se desestiman tensiones por las citaciones del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y de quien estuvo a cargo del área de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini.

Respecto de las anotaciones encontradas en cuadernos secuestrados durante el allanamiento al departamento de Miguel Ángel Calvete —donde aparecen inscripciones que incluyen iniciales como “KM”, “SC”, “ML”, “PAMI” y “CZ”—, en el Gobierno descartan que se trate de un entramado de corrupción y lo atribuyen a apuntes vinculados a modificaciones en los procedimientos de compra.

El Ejecutivo también confirmó que, una vez concluida la auditoría, buscará reformular el esquema de contrataciones del organismo. La intención es que la provisión de medicamentos se realice directamente con los laboratorios, sin intermediarios, aunque advierten que la transición será compleja por los costos administrativos, legales y financieros que implica. Además, anticipan que no se continuarán los convenios con proveedores involucrados en la causa.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, ANDIS destina $3,1 billones a programas de seguridad social, $556.054,96 millones a salud y alrededor de $5300 millones a políticas de asistencia. En el marco de la causa, la próxima citada a declarar es Lorena Di Giorno, convocada por el juzgado para el 28 de noviembre.

La investigación judicial se centra en posibles direccionamientos de contratos millonarios y presuntos pedidos de sobornos. Al menos cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— figuran entre las empresas bajo análisis. Los contratos observados deberán estar reflejados en la auditoría que el Gobierno se comprometió a entregar en las próximas semanas. Informa Voces Críticas