Paro de controladores aéreos: el Gobierno presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El conflicto gremial entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) escaló a la vía judicial. La empresa estatal presentó una denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas, por la interrupción del servicio aéreo y la supuesta puesta en riesgo de la seguridad operacional.

Según fuentes oficiales, la denuncia se centra en la colocación de carteles y banderas sobre las torres de control del Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. EANA advirtió que la caída de estos elementos podría comprometer la seguridad de las aeronaves al ingresar a las turbinas, poniendo en peligro tanto a pasajeros como a los equipos de vuelo. Además, la presencia de estos objetos obstaculiza la visibilidad y la concentración de los controladores durante su labor en las terminales más transitadas del país.

Desde la empresa estatal sostienen que la protesta no puede poner en riesgo la operatividad ni la integridad de los usuarios, mientras que las medidas de fuerza de ATEPSA provocaron demoras, cancelaciones y reprogramaciones que afectaron a miles de pasajeros. Se estima que más de 40.000 usuarios fueron impactados durante la primera jornada de paro y los servicios de hoy a partir de las 16 continuarán con interrupciones. Aerolíneas Argentinas anunció que más de 60 vuelos se verán afectados en el día, mientras que Flybondi implementó cambios preventivos en su programación.

El sindicato confirmó que las acciones de protesta continuarán los días 23, 27 y 29 de diciembre, afectando tanto rutas nacionales como internacionales en momentos de alta demanda. ATEPSA justificó sus medidas en la falta de diálogo con la empresa, incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo, despidos recientes y la pérdida de poder adquisitivo de sus empleados.

Ahora, la Justicia deberá determinar si la colocación de cartelería y banderas en las torres de control constituye un delito contra la seguridad pública o si se trata de un ejercicio legítimo de la actividad sindical. Mientras tanto, la planificación del transporte aéreo para el cierre del año 2025 sigue condicionada por la resolución de este litigio. Informa Voces Críticas