Ajustes y sorpresas legislativas: rechazo al Capítulo XI del Presupuesto tensó la relación entre Milei y gobernadores

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Gobierno enfrentó un traspié político durante el tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. La decisión de incorporar a último momento el Capítulo XI, que contemplaba la derogación de la Ley de Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, generó malestar entre varios gobernadores que hasta entonces habían respaldado al presidente Javier Milei tras semanas de negociación. Aunque la ley fue aprobada en términos generales, este capítulo clave fue rechazado.

Según referentes provinciales, el conflicto no se centró únicamente en el contenido del capítulo, sino en la forma de introducirlo. La incorporación tardía desordenó una votación que el oficialismo consideraba controlada, exponiendo a aliados a un costo político significativo. Diputados de Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén y del bloque Provincias Unidas votaron en contra del capítulo, enviando un mensaje coordinado de rechazo a maniobras percibidas como sorpresivas.

El mecanismo de votación por capítulos también complicó la situación del presupuesto. Al agrupar varios artículos en un solo bloque, el rechazo del Capítulo XI dejó fuera otras medidas que sí contaban con consenso, como actualizaciones de la Asignación Universal por Hijo y ajustes en tarifas de gas para zonas frías. “Esta picardía legislativa de hacer votar todo por capítulo ha dejado afuera cosas importantes, como la AUH y tarifas de gas. Introducir de golpe leyes sensibles también llevó a esto”, criticó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en declaraciones a Radio Mitre.

El conflicto también se vio reforzado por la distribución de fondos discrecionales. Para intentar asegurar votos, el Gobierno giró durante diciembre unos 66.500 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a distintas provincias. Tucumán recibió 20.000 millones; Misiones, 12.000 millones; Chaco, 11.000 millones; Catamarca, 10.500 millones; Entre Ríos, 7.000 millones; y Salta, 6.000 millones. A pesar de ello, varias provincias mantuvieron su rechazo al capítulo, lo que evidenció que los incentivos financieros no lograron alinear completamente a los aliados.

A esto se suman diferencias en los fondos para cajas previsionales. El Presupuesto prevé 122.000 millones de pesos para las 13 provincias que no transfirieron sus cajas, pero cuatro distritos, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Chaco, requieren al menos 149.333 millones, según estimaciones provinciales. Los gobernadores interpretan que los acuerdos previos no se reflejaron de manera consistente en el texto final, lo que profundizó la desconfianza.

El episodio deja en evidencia las dificultades del Ejecutivo para mantener la coordinación con provincias aliadas y muestra cómo la estrategia de ajustar leyes sensibles de forma inesperada puede generar costos políticos imprevistos, incluso cuando la ley general avanza sin inconvenientes. Informa Voces Críticas