Red de trata de alumnas: la Justicia busca asegurar la reparación a las víctimas

SALTA (Redacción Voces Críticas) La Justicia Federal dio un paso clave en una de las causas más sensibles de los últimos años en Salta. En el marco de la investigación por una red de trata que operaba captando alumnas de colegios secundarios, el juez federal Julio Bavio ordenó la inhibición general de bienes de los imputados, con el objetivo de garantizar la futura reparación integral a las víctimas.

La medida fue dispuesta a fines de diciembre, tras un pedido del defensor Público de Víctimas Nicolás Escandar, quien fundamentó el planteo en la gravedad de los hechos y en la cantidad de damnificadas, que hasta el cierre de 2025 ascendía a 33 menores de edad. El requerimiento apunta a evitar que los acusados se desprendan de su patrimonio y eludan eventuales responsabilidades económicas.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la inhibición de bienes se encuentra respaldada por tratados internacionales de Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las víctimas de trata de personas a recibir una reparación por el daño sufrido. En ese sentido, remarcó que el Estado argentino tiene la obligación de garantizar ese resarcimiento.

Según consta en el expediente, el fiscal general Eduardo Villalba imputó a nueve acusados —y mantiene bajo análisis la situación de un menor— por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, además de una multiplicidad de ilícitos como abuso sexual, tenencia y distribución de pornografía infantil, asociación ilícita y promoción de la prostitución de menores.

Desde la defensa de las víctimas advirtieron que, ante la contundencia de las pruebas reunidas y los testimonios considerados “aterradores”, existe un riesgo concreto de que los imputados intenten insolventarse mediante maniobras patrimoniales. Por ese motivo, la inhibición fue considerada una medida necesaria, razonable y proporcional.

La causa expuso un entramado delictivo que se habría iniciado con un remisero, quien aprovechaba la confianza de las familias para captar adolescentes, ofreciéndoles dinero a cambio de servicios sexuales. Con el tiempo, la red se amplió, incorporó cómplices y llegó a captar niñas de hasta 12 años, en un esquema de sometimiento, amenazas, consumo de drogas y violencia sexual que conmocionó a la provincia y tuvo repercusión nacional. Informa Voces Críticas.