Una financiera, pruebas borradas y un vínculo con la AFA que enciende alarmas

Argentina (Redacción Voces Críticas) La investigación judicial que rodea a la financiera Sur Finanzas incorporó en las últimas horas un dato que encendió aún más las alarmas: la Justicia comprobó que existió una organización interna destinada a hacer desaparecer pruebas clave antes de los allanamientos. El caso, que ya había generado repercusiones políticas, ahora impacta de lleno en el entorno de la AFA por los vínculos empresariales con allegados a su conducción.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía Federal, el esquema incluyó el borrado de cámaras de seguridad, el retiro de grandes sumas de dinero, el formateo de computadoras y la desconexión de sistemas informáticos. Estas maniobras habrían tenido como finalidad obstaculizar la recolección de evidencia por parte de la Justicia. La cercanía de uno de los investigados con figuras de la AFA colocó al expediente bajo una fuerte exposición pública.

El proceso es encabezado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal Cecilia Incardona, quienes avanzan sobre el funcionamiento interno de la firma y las responsabilidades individuales. Entre los nombres señalados aparece el empresario Ariel Vallejo, mencionado por su relación con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, lo que amplificó el interés político del caso.

Según consta en el expediente, las acciones para eliminar evidencia comenzaron a principios de diciembre y se extendieron durante varios días. Los investigadores detectaron mensajes y comunicaciones internas con órdenes concretas para retirar efectivo, ocultar documentación y manipular equipos tecnológicos. Para la Justicia, no se trató de hechos aislados, sino de una estructura jerárquica organizada para encubrir información sensible, en un contexto que roza al entorno de la AFA.

Entre los episodios que más peso tienen en la causa se encuentran instrucciones directas para borrar registros fílmicos y desconectar programas de las computadoras utilizadas por cajeros. También se mencionan cuadernos, dispositivos electrónicos y CPU que habrían sido retirados de las oficinas antes de los operativos. Estas conductas son consideradas indicios claros de entorpecimiento de la investigación.

Mientras tanto, desde el entorno de los acusados niegan haber dado órdenes para destruir pruebas y sostienen que no hubo intención de ocultamiento. Sin embargo, el cúmulo de evidencias y los peritajes sobre teléfonos celulares y sistemas secuestrados continúan reforzando la hipótesis judicial. En paralelo, el nombre de la AFA permanece en el centro de la escena por la relación indirecta de algunos involucrados.

La causa sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones en las próximas semanas. Con pericias en marcha y más de 40 dispositivos electrónicos bajo análisis, la investigación promete sumar capítulos. El escándalo, que combina dinero, presunto lavado y maniobras de encubrimiento, amenaza con extender sus consecuencias más allá del ámbito empresarial y volver a golpear la imagen institucional de la AFA.