Promesas, papeles y mentiras: así operaba la estafa del falso empleado del IPV

Salta (Redacción Voces Críticas) Durante más de un año, un hombre sostuvo una maniobra que terminó configurando una presunta estafa sistemática contra personas con necesidad habitacional. Según la investigación judicial, se presentaba como trabajador del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), ofrecía acelerar trámites para acceder a viviendas sociales y cobraba sumas de dinero por gestiones que nunca existieron.

El esquema comenzó en 2022, cuando abordó como pasajero un remis y entabló conversación con la conductora. Allí afirmó trabajar en el organismo provincial y le aseguró que podía ayudarla a inscribirse en planes de adjudicación. Con ese argumento, inició lo que luego sería la primera maniobra de estafa, solicitando documentación personal y prometiendo avanzar con una supuesta carpeta administrativa.

Para reforzar el engaño, el acusado llevó a la mujer hasta un barrio donde se construían complejos habitacionales y le señaló una vivienda, indicándole que sería asignada a su nombre. Con esa puesta en escena logró que entregara $70.000 en efectivo, dinero que, según decía, estaba destinado a completar trámites internos. Sin embargo, las gestiones nunca existieron y la estafa comenzó a quedar en evidencia con el paso de los meses.

El ardid no terminó allí. Con el mismo discurso, amplió la red de víctimas y pidió más aportes económicos para familiares de la mujer. Repitió el método: promesas de adjudicación, supuestos gastos administrativos y pedidos de dinero para “acelerar” procesos. De esa manera, la estafa sumó nuevos damnificados que entregaron distintas sumas con la esperanza de acceder a una vivienda.

De acuerdo con la causa, el hombre llegó a solicitar pagos adicionales con excusas vinculadas a pintura, medianeras o gastos complementarios. En total, las víctimas transfirieron montos que superaron ampliamente los cien mil pesos. Con el tiempo, las respuestas se volvieron evasivas hasta que directamente desapareció, dejando al descubierto la estafa.

Tras las denuncias, intervino la Unidad de Delitos Económicos Complejos, que recopiló testimonios y pruebas para reconstruir la maniobra. La fiscalía concluyó que el acusado nunca tuvo relación laboral con el IPV ni facultades para gestionar viviendas, por lo que cada cobro fue parte de una estafa deliberada.

Finalmente, el caso fue elevado a juicio por estafas reiteradas, en concurso real, y será analizado por la Justicia. El proceso buscará determinar responsabilidades y reparar el perjuicio ocasionado a las familias afectadas, en un hecho que vuelve a encender la alerta sobre este tipo de estafa que se aprovecha de la necesidad social.