Con cambios clave en la imputabilidad: el Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

Argentina (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada. La normativa, identificada como Ley 27.801, introduce cambios significativos en la legislación penal argentina y redefine el tratamiento judicial de los delitos cometidos por menores de edad.

Uno de los aspectos centrales del Régimen Penal Juvenil es la modificación de la edad mínima de imputabilidad, que se reduce de 16 a 14 años. De esta manera, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser procesados penalmente en caso de cometer determinados delitos, una medida que busca actualizar el sistema vigente desde la década de 1980.

El nuevo Régimen Penal Juvenil también establece un sistema de penas graduadas que contempla tanto la edad del menor como las circunstancias del delito. Para los casos más graves, como homicidios o delitos violentos, la normativa prevé sanciones que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión, aunque se mantiene el principio de que la privación de la libertad sea el último recurso.

La iniciativa fue aprobada por el Congreso tras un intenso debate legislativo. En el Senado, el proyecto obtuvo 44 votos a favor y 27 en contra durante las sesiones extraordinarias de fines de febrero, lo que representó un nuevo triunfo parlamentario para el oficialismo encabezado por el presidente Javier Milei.

Durante el proceso de discusión, el Gobierno había propuesto inicialmente que la edad de imputabilidad se fijara en 13 años. Sin embargo, en el marco de las negociaciones parlamentarias con bloques aliados como el PRO y la UCR, se acordó elevar el límite a 14 años para lograr consenso político y asegurar la aprobación definitiva del Régimen Penal Juvenil.

Además de la reducción en la edad de imputabilidad, el Régimen Penal Juvenil incorpora medidas alternativas para delitos menores, como trabajos comunitarios, prohibiciones de acercamiento a las víctimas, reparación del daño o monitoreo electrónico. Estas herramientas buscan priorizar la reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley.

Con la promulgación del Régimen Penal Juvenil, el Gobierno impulsa una reforma integral del sistema penal aplicado a menores, en un intento por modernizar una legislación considerada obsoleta por distintos sectores políticos y judiciales, y alinearla con estándares vigentes en otros países de la región.