Manuel Saravia denunció vales en efectivo a funcionarios en el juicio contra “Kila Gonza”

SALTA (Redacción Voces Críticas) El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, declaró este lunes en el juicio que se sigue contra el exjefe comunal Ernesto “Kila Gonza”, donde relató diversas irregularidades detectadas al asumir su gestión en 2019. Durante su exposición sostuvo que la transición fue conflictiva y aseguró que se encontraron múltiples inconsistencias en la administración municipal.

Según explicó Saravia durante el juicio, el traspaso de mando se realizó en medio de tensiones con la gestión saliente. El actual intendente relató que debió presentarse en la Municipalidad acompañado por escribanos para dejar constancia de la situación administrativa y que, durante ese proceso, se impidió el acceso a algunas oficinas y se detectó la eliminación de registros en computadoras del municipio.

El jefe comunal señaló que la situación encontrada era tan compleja que debió solicitar una dispensa al Concejo Deliberante para presentar la ejecución presupuestaria del último trimestre de 2019, período que le correspondía formalmente a su gestión tras haber asumido en diciembre de ese año.

En el marco del juicio, Saravia también reveló que una auditoría externa realizada por contadores detectó numerosas irregularidades, entre ellas falta de documentación, pagos de cheques diferidos sin procesos de contratación y serias dificultades para afrontar el pago de sueldos municipales.

Uno de los aspectos más llamativos mencionados en su declaración fue la existencia de “vales” que, según afirmó, se entregaban a funcionarios para retirar dinero en efectivo. También indicó que una camioneta Chevrolet adquirida por el municipio no figuraba en el parque automotor cuando asumió su gestión y que se registraron pagos por alquiler de maquinaria pesada sin procesos administrativos correspondientes.

Saravia agregó además que el exintendente habría utilizado recursos del Estado como si fueran propios y mencionó la autoconcesión de dos parcelas en el cementerio de San Lorenzo mediante un contrato por 99 años. En la causa están imputados Ernesto Gonza, su hermano y el exsecretario de Hacienda Guaymás, acusados por presuntos delitos contra la administración pública comunal.