Boda en la Quebrada: la organizadora habló, negó irregularidades y crece la polémica por permisos falsos

SALTA (Redacción Voces Críticas) La polémica por la boda realizada en la Quebrada de las Conchas sumó un nuevo capítulo luego de que la organizadora del evento saliera a dar explicaciones públicas. Mientras la investigación judicial avanza, la responsable aseguró que se trató de una celebración familiar realizada con autorización, aunque no presentó documentación oficial que respalde esa versión.

La organizadora, identificada como Lucía Grajales Soriano, intentó enmarcar el casamiento como una reunión privada en una propiedad de la zona. Con ese argumento, buscó despegar el evento de las exigencias ambientales propias de un área protegida, aunque las autoridades sostienen que cualquier actividad en ese sector requiere permisos específicos y evaluaciones previas.

Sin embargo, los detalles del evento generaron aún más dudas. Según trascendió, la boda incluyó montaje técnico, iluminación, DJ y una lista cercana a los 110 invitados, lo que para la investigación excede ampliamente el concepto de encuentro íntimo. Estos elementos fueron incorporados como pruebas dentro del expediente que analiza la Fiscalía Penal de Cafayate.

Desde la Provincia, la postura fue contundente. El secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, aseguró que el supuesto permiso presentado no tiene validez oficial, ya que carece de membrete, número de expediente y resolución, además de presentar irregularidades en la firma. Con estos indicios, se radicó una denuncia penal por presunta falsificación de documento.

La causa quedó en manos de la fiscal Sandra Rojas, quien investiga tanto la posible ilegalidad del evento como el impacto ambiental generado. El casamiento se realizó el 23 de marzo en el paraje La Punilla y rápidamente se viralizó en redes, lo que derivó en la intervención de la Municipalidad y el inicio de actuaciones judiciales.

Más allá de la discusión legal, el episodio volvió a poner en foco la fragilidad del ecosistema de la quebrada. Especialistas advierten que el uso de luces, sonido y estructuras puede afectar la fauna, la flora y acelerar procesos de erosión en una zona protegida por ley. En ese contexto, el caso podría sentar un precedente sobre los límites de este tipo de eventos en entornos naturales.