Polémica boda en Cafayate: la fiscal habla de fallas graves y no descartan implicados dentro del Estado

SALTA (Redacción Voces Críticas) La causa por la polémica boda realizada en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, sigue escalando y ahora suma un nuevo eje de conflicto: posibles fallas institucionales y sospechas de participación interna en la emisión del permiso falso que permitió el evento.

La fiscal Sandra Rojas confirmó que no solo se investiga una presunta falsificación de instrumento público, sino también una cadena de errores en el funcionamiento del Estado que habilitó, en la práctica, la realización del casamiento en una zona protegida. Según explicó, el episodio dejó en evidencia graves problemas de coordinación entre organismos.

El evento, protagonizado por Nicole Pocoví y Federico Maran, se realizó el 23 de marzo en el paraje La Punilla, sobre la Ruta 68. Allí se montó una estructura de gran escala con más de 100 invitados, DJ, iluminación y mobiliario, en un área ambientalmente protegida que requiere permisos estrictos para cualquier intervención.

Uno de los puntos más críticos de la investigación es el desfasaje en la denuncia realizada por el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal. El funcionario advirtió el mismo día del evento que su firma habría sido falsificada, pero la fiscalía tomó conocimiento recién dos días después, debido al feriado. Ese retraso resultó determinante para que el casamiento se desarrollara sin ser frenado.

La fiscal también reveló que la Policía llegó al lugar, solicitó documentación y recibió un archivo digital que aparentaba ser un permiso válido. Sin un sistema de verificación inmediata con el área de Ambiente, los efectivos no pudieron constatar su autenticidad en el momento y el evento continuó. “Si eso se advertía a tiempo, no se hacía”, señaló.

En ese sentido, Rojas fue contundente al afirmar que el caso expone fallas estructurales: falta de comunicación entre organismos, ausencia de controles en tiempo real y debilidad en los mecanismos de validación. Incluso advirtió que el documento falso logró “dejar en ridículo” a distintas áreas del Estado.

Respecto al supuesto permiso, la fiscal detalló que presenta múltiples irregularidades: no tiene formato administrativo, carece de fundamentos técnicos y contiene una firma presuntamente adulterada. Desde la Secretaría de Ambiente ya habían advertido que ese tipo de autorizaciones no se emiten de manera digital.

Mientras avanza la causa penal, también se analizan posibles responsabilidades administrativas y la eventual participación de agentes estatales en la maniobra. El caso, lejos de cerrarse, abre interrogantes sobre el funcionamiento de los controles en áreas protegidas y la capacidad del Estado para prevenir este tipo de situaciones.