¿QUÉ PASÓ?
Escándalo en Salta: investigan el desvío de fondos destinados a chicos en situación de vulnerabilidad
SALTA (Redacción Voces Críticas) La provincia de Salta se encuentra conmocionada tras revelarse una investigación judicial que pone la lupa sobre el manejo de fondos públicos en áreas sensibles del Estado. La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó formalmente la elevación a juicio de la causa que involucra a la coordinadora del Dispositivo Proteccional Crisantemos, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
La acusación técnica es grave: se investiga la presunta comisión del delito de peculado. Según la fiscalía, la funcionaria a cargo no pudo justificar el destino de fondos que debían garantizar el bienestar y la asistencia de niños, niñas y adolescentes alojados en la institución.
Las cifras bajo sospecha
La investigación contable, llevada adelante por especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), detectó un "agujero" financiero que supera el millón de pesos. Las irregularidades se concentran en dos ejercicios consecutivos:
- Año 2022: faltantes por $289.368,76.
- Año 2023: una suma sin rendir de $1.046.076,76.
En total, son $1.335.445,52 que, de acuerdo a la normativa vigente, debían ser respaldados mediante declaraciones juradas y comprobantes de gastos directos para la manutención de los menores. Sin embargo, la documentación nunca apareció y el dinero tampoco fue reintegrado a las arcas públicas.
Irregularidades en el manejo del dinero
El caso se inició en mayo de 2025, a raíz de una denuncia interna del propio organismo ministerial que encendió las alarmas sobre el desmanejo administrativo. Uno de los puntos que más llamó la atención de los peritos del CIF fue el hallazgo de transferencias realizadas hacia una delegación del interior de la provincia.
Lo que agrava la situación es que dichos movimientos de dinero se realizaron sin cumplir con los protocolos de formalización requeridos para este tipo de transacciones estatales, lo que refuerza la hipótesis fiscal de un uso indebido de los recursos.
El impacto social del caso
Más allá de lo estrictamente jurídico, el hecho genera una fuerte indignación social debido al destino original de las partidas. El dinero estaba etiquetado para cubrir necesidades básicas (alimentación, salud, vestimenta) de chicos que ya se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y bajo protección del Estado.
Para la Fiscalía, no se trata de un simple error administrativo o una demora en los papeles, sino de una maniobra donde los fondos públicos fueron desviados de su fin esencial, dejando sin ese respaldo económico a quienes más lo necesitaban.