El Gobierno cierra un capítulo del default de 2001: Milei envía al Congreso el acuerdo con los últimos "holdouts"

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Poder Ejecutivo se dispone a dar un paso clave para terminar de normalizar el frente financiero externo. En las próximas horas, Javier Milei enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para habilitar el pago a los fondos que todavía mantenían litigios contra la Argentina por la deuda en default del año 2001.

Según confirmaron fuentes oficiales de Casa Rosada, el texto ya se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica para la revisión final. "Se manda entre hoy y mañana", aseguraron desde el entorno presidencial, marcando la urgencia por darle un cierre legislativo a un conflicto que arrastra más de dos décadas de disputas en los tribunales internacionales.

Una salida política para evitar nuevos embargos

La decisión de pasar por el Congreso no es casual. El oficialismo busca que el acuerdo no dependa únicamente de una resolución administrativa, sino que cuente con el respaldo parlamentario para blindarlo contra futuras impugnaciones.

El conflicto involucra a los fondos Bainbridge Fund y el grupo liderado por Attestor, quienes mantenían reclamos por unos US$ 600 millones. Si bien los términos del acuerdo se mantienen bajo estricta confidencialidad, trascendió que el monto final a pagar sería menor, ya que los acreedores ya habían ejecutado parte de los colaterales de los bonos Brady.

Con este movimiento, la Argentina logra desactivar una bomba de tiempo:

• Freno a ejecuciones: Se detienen los intentos de los acreedores por avanzar sobre activos sensibles.
• Blindaje de empresas públicas: Quedan en "pausa" los pedidos de embargo sobre acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
• Seguridad jurídica: El aval del Congreso le otorga una mayor solidez política ante los tribunales de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska.

La jugada fue coordinada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. La lógica de la Casa Rosada es clara: mientras se defiende con uñas y dientes en causas como la de YPF, prefiere negociar y cerrar aquellos frentes donde los fallos ya son firmes y representan una amenaza constante de embargos.

En la presentación realizada ante la justicia estadounidense el pasado 10 de abril, los abogados que representan al país ya habían anticipado que el acuerdo definitivo se firmó el primero de este mes, pero que quedaba estrictamente sujeto a la aprobación de los legisladores argentinos. Ahora, la pelota queda del lado del Congreso, donde el Gobierno deberá negociar el apoyo necesario para cerrar, de una vez por todas, este capítulo de la crisis de 2001. Informa Voces Críticas