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|VIDEO| Alerta en el sector de la discapacidad: denuncian deudas de PAMI y crisis por los cambios en la ley
SALTA (Redacción Voces Críticas) El sector de la discapacidad en Argentina atraviesa semanas de máxima tensión. A la crisis de financiamiento que arrastran las instituciones se le suma ahora un frente de conflicto normativo que, según denuncian desde las organizaciones, pone en jaque la sostenibilidad de los servicios esenciales para miles de usuarios.
Ademar Anachuri, referente de Atradis (Asociación de Transportistas y Amigos de Personas con Discapacidad), expuso en diálogo con Voces Críticas la cruda realidad que viven hoy prestadores y trabajadores. Según el dirigente, el escenario actual combina la asfixia económica con un vacío de certezas legales.
Pagos pisados y servicios en peligro
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en las reiteradas demoras en los pagos por parte de los organismos estatales. Anachuri señaló directamente a PAMI y al programa Incluir Salud como los principales responsables de una deuda acumulada que impide el normal funcionamiento de las instituciones.
"Esta situación impacta directamente en la continuidad de los servicios", advirtieron desde el sector. Sin el flujo de fondos necesario, muchas entidades se ven imposibilitadas de cubrir costos básicos, desde sueldos de profesionales hasta el mantenimiento de las unidades de transporte adaptado.
La reforma de la ley bajo la lupa
Más allá de lo estrictamente económico, la reforma de la legislación vigente introdujo un nuevo foco de preocupación. La modificación de las normas que regulan la actividad genera un clima de incertidumbre entre los prestadores, quienes temen que los cambios profundicen los problemas estructurales en lugar de resolverlos.
Desde Atradis sostienen que:
- Las modificaciones legales se dan en un contexto de tensión previa.
- No hay claridad sobre cómo se implementarán los nuevos esquemas de trabajo.
- Existe un riesgo real de caída en la calidad de atención hacia las personas con discapacidad.
El sector advierte que, de no normalizarse los pagos y clarificarse el rumbo de la nueva ley, la sostenibilidad de las prestaciones es "prácticamente nula". La preocupación no solo alcanza a los dueños de las instituciones y transportistas, sino fundamentalmente a las familias, que dependen de estos servicios para garantizar los derechos y la calidad de vida de sus integrantes.
Por el momento, las organizaciones se mantienen en estado de alerta, a la espera de respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales para destrabar los fondos adeudados. Informa Voces Críticas